Sus datos en una aplicación de citas

Una aplicación de citas sabe de usted lo que no sabe su médico: orientación, hábitos, ubicación, con quién habla y cuándo. La ley dice qué puede hacer con ello — y cambia de un país a otro.

Illustration : Les données personnelles

Lo que una aplicación de citas sabe de usted

Orientación sexual, ubicación en tiempo real, fotos, mensajes, horarios de conexión, preferencias declaradas y deducidas: pocos servicios reúnen tantos datos sensibles sobre una persona. La mayoría de las aplicaciones los conservan mucho después de que la cuenta se cierre, y varias los comparten con empresas de publicidad.

Lo que la ley permite, en casi todas partes

Todos los países hispanohablantes disponen hoy de una ley de protección de datos, a menudo inspirada en el modelo europeo: la empresa debe decir qué recoge y para qué, obtener un consentimiento para los datos sensibles, permitir el acceso y la supresión, y notificar las brechas de seguridad. La autoridad de control — una agencia o un instituto nacional — recibe las reclamaciones y puede sancionar. Su nombre y su dirección figuran en la ficha de cada país.

Cuatro reflejos

Cuando algo sale mal

Una foto difundida sin permiso, una cuenta usurpada, una brecha de datos: la reclamación a la autoridad de control es gratuita y se hace en línea en la mayoría de los países. En paralelo, la plataforma tiene la obligación de retirar el contenido señalado. Las dos gestiones se acumulan; ninguna excluye la otra.

El derecho país por país

El marco jurídico, los trámites, los plazos y los costes cambian de un país a otro. Cada país tiene aquí una ficha detallada: textos aplicables, puntos clave, trámites reales, costes, direcciones útiles y trampas que evitar.

Elija un país para abrir su ficha.

Europa

Unión Europea

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, 2018) se aplica directamente en los 27 Estados y a toda aplicación de citas que se dirija a residentes europeos: derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, consentimiento explícito para los datos sobre la orientación sexual, multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación, y una autoridad de control en cada Estado; la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la sentencia sobre el «derecho al olvido» completan.

España

El RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) se aplican con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como autoridad, una de las más activas de Europa (multas de hasta 20 millones o el 4 %), la edad de consentimiento digital a los 14 años, un canal prioritario para retirar en horas las imágenes íntimas difundidas sin consentimiento, y el delito del artículo 197.7 del Código Penal (3 meses a 1 año) por difundirlas.

América del Norte y Caribe

México

La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (marzo de 2025) sustituyó a la de 2010 tras la desaparición del INAI, con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como autoridad: derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición), aviso de privacidad obligatorio y multas de hasta 32 millones de pesos; la Ley Olimpia castiga en los 32 estados la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con hasta 6 años.

Cuba

La Ley 149/2022 de Protección de Datos Personales, en vigor desde 2023, reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y crea obligaciones para los tratamientos públicos y privados, sin autoridad independiente y en un contexto de vigilancia estatal y de control de internet (Decreto-Ley 370); el Código Penal de 2022 castiga la difusión de imágenes íntimas y la violación de la intimidad.

República Dominicana

La Ley 172-13 (2013) de protección de datos personales se centra en los datos crediticios con la Superintendencia de Bancos como supervisora de los burós, sin autoridad general ni procedimiento eficaz para los demás tratamientos; la Constitución garantiza el hábeas data (artículo 70), un proyecto de ley integral se debate desde 2023, y la Ley 53-07 y el nuevo Código Penal de 2025 castigan la difusión de imágenes íntimas y el chantaje.

Puerto Rico

Marco estadounidense sin ley general: la protección federal es sectorial (COPPA para menores de 13, FCRA para el crédito, HIPAA para la salud) y la FTC persigue las prácticas engañosas; Puerto Rico tiene la Ley 111-2005 de notificación de brechas y la Ley 39-2012 contra el robo de identidad, y el Código Penal castiga la difusión de imágenes íntimas (artículo 154-A, Ley de 2023); la ley federal TAKE IT DOWN (2025) obliga a las plataformas a retirar en 48 horas las imágenes íntimas y los deepfakes.

Estados Unidos

Sin ley federal general: la protección es sectorial (COPPA para menores de 13, HIPAA, FCRA) y la FTC persigue las prácticas engañosas, mientras una veintena de estados (California, Virginia, Colorado, Texas…) han adoptado leyes generales con derechos de acceso, supresión y oposición; 48 estados y, desde mayo de 2025, la ley federal TAKE IT DOWN castigan la difusión de imágenes íntimas y obligan a las plataformas a retirarlas en 48 horas, incluidos los deepfakes.

América Central

Guatemala

Sin ley general de protección de datos ni autoridad: la Constitución garantiza el hábeas data limitado a los registros estatales (artículo 31), la Ley de Acceso a la Información Pública (2008) protege los «datos personales sensibles» en poder del Estado, y el Código Penal castiga desde 2008 la violación de la intimidad; la difusión de imágenes íntimas no tiene tipo específico y se persigue por la Ley contra el Femicidio (violencia psicológica) o como violación a la intimidad sexual.

Honduras

Sin ley general de protección de datos ni autoridad: la Constitución garantiza el hábeas data (artículo 182) y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2006) protege los «datos personales confidenciales» en poder del Estado con el Instituto de Acceso a la Información Pública; el Código Penal de 2019 castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la violación de datos; un proyecto de ley se presentó en 2024.

El Salvador

La Ley de Protección de Datos Personales (noviembre de 2024, en vigor en 2025) dio a El Salvador su primera ley general, con derechos ARCO, consentimiento, brechas, y la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) como autoridad, dependiente del Ejecutivo y con excepciones amplias para el Estado; el Código Penal y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos castigan la difusión de imágenes íntimas (Ley Especial, 2016) y el acoso digital.

Nicaragua

La Ley 787 de Protección de Datos Personales (2012) reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y prevé una Dirección de Protección de Datos Personales (DIPRODAP) que nunca ha funcionado efectivamente; la Ley Especial de Ciberdelitos (2020) castiga la difusión de imágenes íntimas y la suplantación, pero también las «noticias falsas», y el Estado vigila y controla las telecomunicaciones.

Costa Rica

La Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (2011) rige con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) como autoridad, consentimiento expreso, derechos de acceso, rectificación y supresión, registro de bases y multas de hasta 30 salarios base (unos 14 millones de colones); la difusión de imágenes íntimas es delito desde 2020 (Ley 9861, 1 a 3 años) y el acoso sexual callejero también; un proyecto de nueva ley alineada con el RGPD se debate.

Panamá

La Ley 81 de 2019 de Protección de Datos Personales (en vigor desde marzo de 2021, reglamentada por el Decreto 285 de 2021) da los derechos ARCO y de portabilidad con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) como autoridad y multas de hasta 10 000 balboas; el Código Penal castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento desde 2023 y el acoso sexual digital desde 2018.

América del Sur

Colombia

La Ley 1581 de 2012 (hábeas data) rige los datos personales con la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad (multas de hasta 2 000 salarios mínimos), derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión, autorización previa y registro de bases; la difusión de imágenes íntimas se persigue por violación de datos personales (Ley 1273, 4 a 8 años) y varios proyectos de tipo específico se debaten; la Ley 2300 de 2023 limita el contacto comercial.

Venezuela

Sin ley general de protección de datos ni autoridad: la Constitución garantiza el hábeas data (artículo 28) y la vida privada (artículo 60), la Sala Constitucional fijó en 2011 los principios aplicables, la Ley de Infogobierno (2013) rige el sector público y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos (2001) castiga la violación de la privacidad y la difusión de datos; la difusión de imágenes íntimas se persigue por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres (violencia mediática e informática, reforma de 2021).

Ecuador

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021), con sanciones aplicables desde mayo de 2023, sigue el modelo del RGPD: consentimiento, derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición, portabilidad y no decisión automatizada, delegado de protección de datos, brechas, y la Superintendencia de Protección de Datos Personales (2023) con multas de hasta el 1 % de la facturación; la difusión de imágenes íntimas es delito desde 2021 (COIP, 1 a 3 años) y el acoso digital también.

Perú

La Ley 29733 de Protección de Datos Personales (2011) y su nuevo reglamento (Decreto Supremo 016-2024-JUS, en vigor en 2025) dan los derechos ARCO con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (Ministerio de Justicia) como autoridad y multas de hasta 100 UIT (unos 535 000 soles); la difusión de imágenes íntimas es delito desde 2018 (artículo 154-B del Código Penal, 2 a 5 años) y el acoso digital también.

Bolivia

Sin ley general de protección de datos ni autoridad: la Constitución de 2009 garantiza la acción de protección de privacidad (artículo 130) y la intimidad (artículo 21), la Ley 164 de Telecomunicaciones y la Ley 1080 de Ciudadanía Digital fijan reglas parciales, y la AGETIC rige el sector público; la difusión de imágenes íntimas se persigue por la Ley 348 (violencia contra las mujeres) sin tipo penal específico; un proyecto de ley se debate desde 2023.

Chile

La Ley 21.719 (diciembre de 2024), en vigor en diciembre de 2026, sustituye a la débil Ley 19.628 de 1999 con una Agencia de Protección de Datos Personales, derechos ARCO ampliados (portabilidad, oposición, bloqueo), consentimiento reforzado y multas de hasta 20 000 UTM (unos 1 400 millones de pesos); la difusión de imágenes íntimas es delito desde 2023 (Ley 21.523, «Ley Antonia», 541 días a 5 años) y el derecho a la protección de datos es constitucional desde 2018.

Argentina

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000), reconocida como adecuada por la Unión Europea, da los derechos de acceso, rectificación, supresión y el hábeas data constitucional (artículo 43), con la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como autoridad y multas modestas; la difusión de imágenes íntimas es violencia digital desde la Ley 27.736 (2023), sin tipo penal específico salvo para menores; un proyecto de nueva ley sigue en el Congreso.

Paraguay

Sin ley general de protección de datos: la Ley 1682/2001 y la Ley 6534/2020 protegen los datos crediticios, la Constitución garantiza el hábeas data (artículo 135), y un proyecto de ley integral se debate desde 2021; la difusión de imágenes íntimas no tiene tipo específico y se persigue por la Ley 5777 (violencia contra las mujeres) y los delitos de lesión de la intimidad del Código Penal.

Uruguay

La Ley 18.331 (2008), reconocida como adecuada por la Unión Europea desde 2012 y actualizada en 2018 y 2020, da los derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión y supresión con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) como autoridad, notificación de brechas y multas de hasta 500 000 unidades indexadas; la difusión de imágenes íntimas es delito desde 2017 (Ley 19.580) y la Ley 20.327 de 2024 tipificó el acoso telemático y la suplantación.

África

Guinea Ecuatorial

La Ley 1/2016 de Protección de Datos Personales creó sobre el papel un Órgano Rector y los derechos de acceso, rectificación y cancelación, sin aplicación conocida ni sanciones; el Código Penal de 2022 castiga la violación de la intimidad; la vigilancia estatal, los cortes de internet y la ausencia de protección efectiva son la realidad, y la Convención de Malabo sobre ciberseguridad, adoptada en el país, no ha sido ratificada por él.

Este tema se trata también para los países francófonos · los países anglófonos · los países germanófonos · Italia y la Suiza italiana · los países lusófonos · los Países Bajos, Flandes y Surinam.

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