Datos personales y estafas — Filipinas

Protección de datos

La ley de privacidad de los datos de 2012 (Data Privacy Act) reconoce los derechos de información, acceso, rectificación, supresión o bloqueo, indemnización de los daños y portabilidad de los datos, bajo el control de la National Privacy Commission (NPC, comisión nacional de privacidad). Su singularidad es penal: el tratamiento no autorizado, el acceso por negligencia y la divulgación maliciosa son delitos, castigados con prisión y multas, y la ley prevé además una indemnización para la persona afectada — una combinación poco habitual en la región, que hace que las reclamaciones merezcan la pena. Las organizaciones deben responder con prontitud a las solicitudes, según las pautas que fija la NPC. Los datos personales sensibles (sensitive personal information) incluyen la salud, la vida sexual y los identificadores oficiales (government identifiers); las violaciones de la seguridad que afectan a datos sensibles y suponen un riesgo de daño deben notificarse en 72 horas. Todo responsable del tratamiento (personal information controller) debe designar un delegado de protección de datos (data protection officer), cuyos datos de contacto deben publicarse, y los sistemas de tratamiento que superan ciertos umbrales deben registrarse. La NPC exige que se agote primero el procedimiento interno de la organización; después, la reclamación se presenta con su formulario oficial y es gratuita; la Comisión resuelve por mediación muchos litigios y emite también opiniones consultivas (advisory opinions). Ha sido especialmente activa frente a las aplicaciones de préstamos en línea que se apoderan de la lista de contactos del prestatario para avergonzarlo ante sus allegados, una práctica que ha sancionado repetidamente. Para los asuntos penales intervienen además las unidades contra el cibercrimen de la policía (PNP Anti-Cybercrime Group) y del NBI (National Bureau of Investigation, oficina nacional de investigación); el acoso sexual en internet lo cubre la Safe Spaces Act (véase la sección sobre el consentimiento), y la Republic Act 9995 de 2009 (Anti-Photo and Video Voyeurism Act, ley contra el voyerismo fotográfico y en vídeo) prohíbe copiar, vender, distribuir o publicar imágenes de un acto sexual o de las partes íntimas de una persona aunque la grabación se hubiera hecho con consentimiento. Filipinas no pertenece a la Unión Europea: allí rige la Data Privacy Act, y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) se aplica, en cambio, a las empresas y las administraciones establecidas en España, también cuando la persona cuyos datos tratan vive en Filipinas, así como a los servicios de fuera de la Unión que se dirigen a personas que se encuentran en ella; las transferencias de datos desde España hacia Filipinas exigen las garantías que prevé el RGPD. En España, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) se aplican bajo el control de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): respuesta en un mes, reclamación gratuita, edad de consentimiento digital de 14 años y un Canal Prioritario para retirar en horas las imágenes íntimas difundidas sin consentimiento, cuya difusión castiga el artículo 197.7 del Código Penal aunque la imagen se hubiera enviado voluntariamente.

Los puntos clave

En la práctica

• Escriba primero a la organización — a su delegado de protección de datos, cuyos datos de contacto deben publicarse —, citando el derecho que ejerce, y conserve la prueba de la fecha: la NPC exige que se haya agotado ese procedimiento interno.
• Sin una respuesta adecuada en el plazo, presente la reclamación ante la NPC con su formulario oficial: es gratuita, y la Comisión resuelve muchos litigios por mediación.
• En las aplicaciones de citas, de salud y de fertilidad, pregunte expresamente si sus datos se comunican a terceros y si se transfieren al extranjero.
• Si una aplicación de préstamos en línea ha accedido a sus contactos y les ha escrito, guarde capturas de pantalla de los mensajes y la política de privacidad de la aplicación: es una infracción reconocida, con una vía de reclamación consolidada ante la NPC. Para los hechos penales — acoso, amenazas, divulgación de sus datos —, denuncie también ante el PNP Anti-Cybercrime Group o la NBI Cybercrime Division.
• Ante una imagen íntima difundida sin consentimiento: capture las pruebas (dirección, fecha, perfil), pida la retirada a la plataforma y denuncie ante las unidades contra el cibercrimen; no negocie con el autor ni le pague. En Filipinas, la Republic Act 9995 castiga la difusión aunque usted hubiera consentido la grabación: consentir la grabación no es consentir su difusión. Si el autor es su pareja o su expareja, consulte también la sección sobre la violencia: la ley VAWC cubre la violencia psicológica. Cuando la imagen se difunde también en España, el Canal Prioritario de la AEPD tramita su retirada con urgencia.
• Un español o un latinoamericano que vive en Filipinas ejerce estos derechos ante las organizaciones filipinas y, en caso de negativa, ante la NPC. Frente a una empresa o una administración establecida en España — un banco, una operadora, la Seguridad Social —, el RGPD se aplica aunque usted viva en Filipinas: tras dirigirse al responsable, puede reclamar ante la AEPD, en español. Ante una empresa o un organismo latinoamericano, rige la ley de protección de datos de su país: consúltela.
• Para la comunidad filipina de España: el RGPD la protege sea cual sea su nacionalidad; los derechos se ejercen ante el responsable, con respuesta en un mes, y la reclamación ante la AEPD es gratuita. Para los datos que conservan organizaciones establecidas en Filipinas — aplicaciones de préstamos, bancos, operadoras —, la referencia sigue siendo la Data Privacy Act y la NPC.

Coste y cobertura

Las reclamaciones ante la NPC son gratuitas, y la Comisión resuelve por mediación muchos litigios; la ley prevé además una indemnización para la persona afectada, junto a las penas. En España, el ejercicio de los derechos, el Canal Prioritario y la reclamación ante la AEPD también son gratuitos; las acciones civiles exigen abogado, con asistencia jurídica gratuita según los ingresos.

A quién dirigirse

• National Privacy Commission (NPC, comisión nacional de privacidad): reclamaciones, mediación y opiniones consultivas.
• Delegados de protección de datos (data protection officers) de las organizaciones, cuyos datos de contacto deben publicarse.
• PNP Anti-Cybercrime Group y NBI Cybercrime Division, para los asuntos penales.
• AEPD (aepd.es): reclamaciones contra las empresas y los organismos establecidos en España y Canal Prioritario para la retirada urgente de imágenes íntimas.
• En España: 017 de INCIBE, para la seguridad de las cuentas y de los dispositivos; Policía Nacional y Guardia Civil, para las denuncias por difusión de imágenes íntimas.

Fuentes

• gov.ph — portal oficial del Gobierno de Filipinas — portal oficial, en inglés
• AEPD — Agencia Española de Protección de Datos — reclamaciones y Canal Prioritario
• Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales — Boletín Oficial del Estado
• Reglamento (UE) 2016/679 — Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) — EUR-Lex

El artículo general: Protección de datos

Estafas románticas

Una ley reciente contra la estafa con cuentas financieras (Anti-Financial Account Scamming Act) permite a los bancos y a los reguladores congelar las cuentas implicadas en un fraude sin esperar una orden judicial y castiga a las mulas de dinero (money mules); la línea 1326 del CICC atiende los avisos las 24 horas, y las denuncias van a la unidad contra el cibercrimen de la policía, a la del NBI y, para los litigios bancarios, al banco central — pero la recuperación es una carrera de minutos u horas contra la retirada del dinero: la primera llamada es al banco o al monedero electrónico, en Filipinas como en España.

Una ley reciente dirigida contra la estafa con cuentas financieras (Anti-Financial Account Scamming Act) dio a los reguladores y a los bancos el poder de congelar las cuentas implicadas en un fraude y de investigar a las mulas de dinero (money mules) — quienes prestan su cuenta para recibir y mover los fondos de la estafa — sin esperar una orden judicial, y tipificó esa actividad como delito: el banco puede congelar una cuenta receptora si hay motivos razonables, y el regulador puede ordenar una investigación, lo que ha acortado considerablemente los tiempos de recuperación del dinero. La ley de registro de las tarjetas SIM (SIM Registration Act) quería, por su parte, dificultar la obtención de números de teléfono desechables. Las denuncias penales van al Anti-Cybercrime Group de la Philippine National Police (PNP, policía nacional), en cualquier comisaría o en Camp Crame, sede de la policía nacional, y a la Cybercrime Division del National Bureau of Investigation (NBI, oficina nacional de investigación); los litigios con un banco, al mecanismo de asistencia al consumidor del banco central, el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). La línea 1326 del Inter-Agency Response Center del CICC (Cybercrime Investigation and Coordinating Center, centro de coordinación contra el cibercrimen) recibe los avisos de estafa las 24 horas, también por correo electrónico (report@cicc.gov.ph) y a través de la aplicación eGov PH; para las estafas cometidas desde el extranjero existe además el canal internacional eConsumer.gov. En la práctica, la palanca más rápida es el bloqueo o la congelación por el banco o por el proveedor del monedero electrónico (e-wallet), en la hora siguiente: el plazo útil se cuenta en minutos o en horas, y casi nada se recupera después de la retirada del dinero. Los pagos con tarjeta pueden impugnarse por la vía del contracargo (chargeback) cuando el sistema de la tarjeta lo permite, dentro de un plazo estricto; las criptomonedas son, en la práctica, irrecuperables. Las estafas sentimentales siguen casi siempre el mismo guion: meses de afecto, siempre con un motivo para no verse ni hacer una videollamada, después una primera urgencia — una factura médica, unos gastos de aduana, una transferencia bloqueada — y una serie creciente de ellas; la variante más reciente añade una plataforma de inversión que muestra un saldo en aumento que nunca se puede retirar. El Código Penal español (artículos 248 a 250) castiga la estafa con prisión de seis meses a tres años, que sube a uno a seis años si pasa de 50 000 euros o se aprovecha de una víctima vulnerable. Por el Real Decreto-ley 19/2018, que traslada la Directiva europea de servicios de pago (PSD2), el banco reembolsa lo que el cliente no autorizó, nunca la transferencia que él mismo ordenó; el 017 de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) asesora sin coste.

Los puntos clave

En la práctica

• Llame al banco o al proveedor del monedero electrónico antes de hacer cualquier otra cosa: es esa llamada, y no la denuncia, la que puede detener el dinero. Pida expresamente el bloqueo de la operación y la congelación de la cuenta receptora.
• Avise después a la línea 1326 del CICC — las 24 horas, también por correo electrónico o por la aplicación eGov PH — y presente la denuncia ante el PNP Anti-Cybercrime Group o la NBI Cybercrime Division. Denuncie aunque la recuperación sea imposible: las mismas cuentas y los mismos números se repiten de una víctima a otra.
• Exporte la conversación y haga capturas del perfil antes de bloquearlo: suele desaparecer en pocas horas. Guarde las referencias de las transacciones, los números de cuenta o de monedero, las direcciones de criptomonedas y los números de teléfono.
• No pague nunca a un chantajista — tampoco en un caso de sextorsión —: un primer pago le señala como alguien que paga. Denuncie y conserve las pruebas.
• Nunca preste su cuenta bancaria ni su monedero electrónico a nadie, aunque sea a cambio de una comisión o para hacer un favor: la ley filipina castiga la actividad de mula de dinero, y en España prestar la cuenta para mover el dinero de una estafa también puede acabar en un proceso penal.
• Españoles y latinoamericanos residentes en Filipinas denuncian por las vías filipinas. Si el dinero salió de una cuenta española, llame de inmediato a su banco español para intentar el retroceso de la transferencia, y pregunte al banco y a las autoridades españolas cómo denunciar desde el extranjero: el banco español debe reembolsar una operación que usted no autorizó, pero no una transferencia que usted mismo ordenó. Una víctima que vive en España y ha enviado dinero a una cuenta filipina denuncia en España (Policía Nacional o Guardia Civil; el 017 de INCIBE orienta), avisa a su banco y puede usar además eConsumer.gov.
• Desconfíe del guion de la estafa sentimental, que no depende de la nacionalidad de quien la comete ni de la de la víctima: meses de afecto, siempre un motivo para no verse ni hacer una videollamada, después una urgencia — una factura médica, unos gastos de aduana, una transferencia bloqueada — y otras cada vez mayores; o una plataforma de inversión con un saldo que crece y que nunca se puede retirar. La señal no es la historia, sino que el dinero tenga que salir siempre de su cuenta, y deprisa.
• Los trámites consulares — citas, pasaportes, inscripciones en el Registro Civil Consular o en la embajada de Filipinas en España — se hacen únicamente por los canales oficiales: desconfíe de quien le ofrezca por redes sociales o por mensajería acelerar una cita o un expediente a cambio de dinero.

Coste y cobertura

Todos los canales de aviso son gratuitos: la línea 1326, la policía, el NBI y el mecanismo de asistencia al consumidor del BSP. En España, también lo son la denuncia, el 017 de INCIBE y la reclamación ante el Banco de España; la vía civil contra un banco exige abogado y procurador por encima de 2 000 euros, con asistencia jurídica gratuita según los ingresos.

A quién dirigirse

• Su banco o su proveedor de monedero electrónico (e-wallet), de inmediato, por su línea antifraude.
• Línea 1326 — Inter-Agency Response Center del CICC: las 24 horas; report@cicc.gov.ph; aplicación eGov PH.
• PNP Anti-Cybercrime Group (grupo contra el cibercrimen de la policía nacional), en cualquier comisaría o en Camp Crame; NBI Cybercrime Division.
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP, banco central): mecanismo de asistencia al consumidor, para los litigios bancarios.
• eConsumer.gov, canal internacional para las estafas cometidas desde el extranjero.
• En España, el 017 de INCIBE, la Guardia Civil y la Policía Nacional; las quejas contra un banco van al Banco de España.
• Oficina consular de España en Manila, consulado de su país o embajada de Filipinas en España, para avisar de las estafas con citas y documentos.

Fuentes

• Línea 1326 — Inter-Agency Response Center (CICC) — línea gubernamental contra las estafas, las 24 horas
• eConsumer.gov — avisos de estafas cometidas desde el extranjero — canal internacional
• gov.ph — portal oficial del Gobierno de Filipinas — portal oficial, en inglés
• INCIBE — 017 y guías sobre estafas — Instituto Nacional de Ciberseguridad (España)
• Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago — operaciones no autorizadas — Boletín Oficial del Estado

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