Protección de datos
El artículo 2 de la Constitución garantiza la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y la Sala de lo Constitucional reconoció desde 2011 el derecho a la autodeterminación informativa; la Ley de Acceso a la Información Pública (2011) protegía los datos en poder del Estado con el Instituto de Acceso a la Información Pública, y la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito (2011) los datos crediticios. La Ley de Protección de Datos Personales (Decreto 144, aprobada el 14 de noviembre de 2024 junto con la Ley de Ciberseguridad y en vigor desde 2025) es la primera ley general: principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, transparencia, seguridad y confidencialidad; consentimiento libre, informado y expreso, con bases alternativas; datos sensibles (orientación sexual, salud, biometría) con consentimiento expreso; derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, con respuesta en 10 días; delegado de protección de datos, evaluaciones de impacto, notificación de brechas en 72 horas, registro de responsables; la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), creada por la Ley de Ciberseguridad y dirigida por un nombramiento presidencial, es la autoridad, con multas escalonadas de hasta 300 salarios mínimos mensuales para las infracciones muy graves; las organizaciones de derechos digitales han criticado la falta de independencia de la ACE y las excepciones para las instituciones del Estado y la seguridad, y la facultad de la Agencia de ordenar la eliminación de información. La Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos (2016) castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (artículo 24: 2 a 5 años, agravada con menores), el acoso a través de las tecnologías (artículo 25) y la suplantación; la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2011) reconoce la violencia digital con medidas de protección.
Los puntos clave
| Norma | Ley de Protección de Datos Personales (Decreto 144, noviembre de 2024, en vigor en 2025); Ley de Ciberseguridad; autodeterminación informativa constitucional |
|---|---|
| Autoridad | Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), dependiente del Ejecutivo; críticas sobre su independencia |
| Derechos | Acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad; respuesta en 10 días; consentimiento expreso; datos sensibles |
| Sanciones | Multas escalonadas hasta 300 salarios mínimos mensuales; brechas notificadas en 72 horas |
| Excepciones | Amplias para las instituciones del Estado y la seguridad; facultad de ordenar la eliminación de información |
| Imágenes íntimas | Difusión sin consentimiento: 2 a 5 años (Ley Especial contra los Delitos Informáticos, artículo 24); acoso digital delito; violencia digital contra las mujeres (medidas de protección) |
| Cifras | Primeras reclamaciones ante la ACE en 2025; cientos de denuncias por difusión de imágenes y acoso digital al año (Fiscalía) |
En la práctica
- Ejercer los derechos ante la empresa (correo del delegado o formulario), con respuesta en 10 días; sin respuesta o con negativa, reclamación ante la ACE, cuyos procedimientos se implantan desde 2025.
- Ante una imagen íntima difundida: capturar las pruebas, denunciar ante la Fiscalía (Unidad de Delitos Informáticos) o la PNC (artículo 24 de la Ley Especial), pedir medidas de protección al juzgado especializado (violencia digital) y notificar a la plataforma; Ciudad Mujer (123) acompaña.
- Solicitar el acceso a los datos que conserva una aplicación de citas y su supresión al cerrar la cuenta, y exigir que se notifiquen las brechas.
- Prudencia con los contenidos publicados: la ACE puede ordenar la eliminación de información y el régimen de excepción limita las garantías; las organizaciones (Cristosal, Fundación Acceso) documentan.
Coste y cobertura
Derechos y reclamaciones ante la ACE gratuitos; denuncia penal gratuita; abogados privados para daños.
Cambios recientes
La Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad se aprobaron en noviembre de 2024 con críticas de las organizaciones de derechos digitales y de prensa sobre la independencia de la ACE; la Ley Especial contra los Delitos Informáticos se reformó en 2021; el régimen de excepción continúa.
A quién dirigirse
- Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): reclamaciones de protección de datos.
- Fiscalía General — Unidad de Delitos Informáticos; PNC — División de Cibercrimen.
- Ciudad Mujer (123): violencia digital.
- Fundación Acceso, Cristosal: derechos digitales.
Conviene saber
El Salvador tiene desde 2025 una ley de datos moderna pero una autoridad nombrada por el Ejecutivo, con excepciones amplias para el Estado y poder para ordenar borrados: los derechos frente a las empresas existen, los derechos frente al Estado son inciertos. La difusión de imágenes íntimas es delito desde 2016: denunciar funciona.
Fuentes
Estafas románticas
La estafa se castiga con 2 a 5 años (Código Penal, artículo 215) y la estafa informática con 2 a 5 años (Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, 2016), la denuncia se presenta ante la Fiscalía (Unidad de Delitos Informáticos) o la PNC (División de Cibercrimen); la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor obligan a los bancos a reembolsar las operaciones no autorizadas, no las transferencias voluntarias ni las de bitcoin; las estafas por WhatsApp, redes y contactos románticos crecen.
El artículo 215 del Código Penal castiga la estafa — obtener un provecho injusto mediante ardid o engaño en perjuicio de otro — con 2 a 5 años, y el artículo 216 la estafa agravada (5 a 8 años) por pluralidad de víctimas, vulnerabilidad o medios informáticos; la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos (2016, reformada en 2021) tipifica la estafa informática (artículo 10: 2 a 5 años), el hurto por medios informáticos, la suplantación de identidad y la difusión de imágenes íntimas. La denuncia se presenta ante la Fiscalía General (Unidad de Delitos Informáticos, denuncia en línea) o la Policía Nacional Civil (División de Investigación de Cibercrimen), y por el 911; la Unidad de Investigación Financiera puede rastrear. La Superintendencia del Sistema Financiero (Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información) y la Ley de Protección al Consumidor, aplicada por la Defensoría del Consumidor, hacen responder a los bancos de las operaciones no autorizadas si fallaron sus controles, con reclamo ante el banco y luego ante la Defensoría del Consumidor (que sanciona) o la Superintendencia; las transferencias ordenadas por la víctima no se reembolsan, y las transacciones en bitcoin (moneda de curso legal de 2021 a enero de 2025, cuando la reforma de la Ley Bitcoin lo hizo voluntario) son irreversibles por naturaleza. Las estafas por WhatsApp (suplantación de familiares en Estados Unidos), las falsas ofertas de empleo y de visado, los préstamos con adelanto y las estafas románticas con «inversión» en criptomonedas encabezan las denuncias, que la Fiscalía cifra en miles al año; el régimen de excepción no ha frenado el fraude en línea.
Los puntos clave
| Delito | Estafa: 2 a 5 años (artículo 215), agravada 5 a 8 (medios informáticos, varias víctimas); estafa informática 2 a 5 años (Ley Especial de 2016) |
|---|---|
| Denuncia | Fiscalía (Unidad de Delitos Informáticos, en línea), PNC (División de Cibercrimen), 911 |
| Reembolso bancario | Operaciones no autorizadas cuando fallaron los controles (Superintendencia del Sistema Financiero, Defensoría del Consumidor); transferencias voluntarias y bitcoin no |
| Reclamos | Banco, luego Defensoría del Consumidor (sanciona) o Superintendencia |
| Bitcoin | Curso legal de 2021 a 2025, hoy voluntario; transacciones irreversibles; estafas de «inversión» en criptomonedas frecuentes |
| Cifras | Miles de denuncias anuales (Fiscalía); estafas por WhatsApp ligadas a las remesas, falsas ofertas de empleo y criptomonedas a la cabeza |
En la práctica
- Denunciar ante la Fiscalía (en línea) o la PNC con las pruebas (capturas, cuentas de destino, comprobantes, direcciones de bitcoin) y pedir el bloqueo de la cuenta receptora; los bancos responden a los oficios, las billeteras de bitcoin no pueden revertir.
- Notificar al banco y presentar el reclamo por escrito; si no hay respuesta en 10 días, acudir a la Defensoría del Consumidor (reclamo gratuito, con poder de sanción).
- Verificar por otro canal cualquier mensaje de un familiar en Estados Unidos que pida dinero urgente; las falsas ofertas de empleo y de visado con pago anticipado son estafa.
- Las «inversiones» en bitcoin o criptomonedas propuestas por contactos románticos son irreversibles y no están vigiladas: nada vuelve.
- La Fiscalía tiene Oficinas de Atención a Víctimas; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos orienta.
Coste y cobertura
Denuncia y Defensoría del Consumidor gratuitos; la vía civil requiere abogado (Procuraduría General según ingresos).
Cambios recientes
La Ley Bitcoin se reformó en enero de 2025 para hacer voluntaria la aceptación; la Fiscalía amplió la denuncia en línea; el régimen de excepción no incluye el fraude en línea; la Defensoría del Consumidor sancionó a bancos por no reembolsar fraudes.
A quién dirigirse
- Fiscalía General — Unidad de Delitos Informáticos: denuncia en línea (fiscalia.gob.sv).
- PNC — División de Investigación de Cibercrimen; 911.
- Defensoría del Consumidor: 910 (reclamos contra bancos).
- Superintendencia del Sistema Financiero.
Conviene saber
El Salvador combina las estafas de la remesa (suplantación de familiares en Estados Unidos) con las de la criptomoneda: las «inversiones» en bitcoin propuestas por un contacto romántico son irreversibles por diseño. La Defensoría del Consumidor protege frente a los bancos, pero nadie devuelve una transacción en cadena de bloques.
Fuentes
- Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos (2016) — Asamblea Legislativa
- Código Penal — artículos 215 y 216 (estafa) — texto
- Defensoría del Consumidor — reclamos — portal oficial