Protección de datos
El artículo 76 de la Constitución garantiza el honor, la intimidad y la propia imagen, y el artículo 182 (reformado en 2004) la garantía de hábeas data para acceder, corregir, actualizar o suprimir los datos en archivos públicos o privados, ante la Sala de lo Constitucional; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto 170-2006) define los «datos personales confidenciales» (incluida la orientación sexual, la salud y las creencias) en poder de las instituciones obligadas y prohíbe su difusión, con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como autoridad, sin competencia general sobre las empresas; En Honduras no existe una ley general de protección de datos ni una autoridad: un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue presentado al Congreso en 2024 y no se ha aprobado, y el proyecto de ley de ciberseguridad de 2023 fue retirado. El Código Penal de 2019 (en vigor desde 2020) castiga la violación de datos personales y el acceso ilícito (artículos 394 y siguientes), y la difusión de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento y difundidas sin él (tipo de «difusión de imágenes íntimas» dentro de los delitos contra la intimidad, con 1 a 3 años, agravada si la víctima es pareja o expareja), así como el acoso sexual y la sextorsión; la Ley contra la Violencia Doméstica y el Código de la Niñez completan. Ante una autoridad hondureña, las plataformas extranjeras no tienen obligación alguna.
Los puntos clave
| Norma | Sin ley general; Constitución (artículos 76 y 182: hábeas data ante la Sala de lo Constitucional); Ley de Transparencia (datos confidenciales públicos) |
|---|---|
| Autoridad | Ninguna general; Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para el sector público |
| Derechos | Acceso, corrección, actualización, supresión por hábeas data; sin procedimiento administrativo ante las empresas |
| Imágenes íntimas | Difusión sin consentimiento castigada por el Código Penal de 2019 (1 a 3 años, agravada si pareja o expareja); sextorsión y acoso delitos |
| Proyecto | Ley de Protección de Datos Personales presentada en 2024 |
| Contexto | Plataformas extranjeras sin obligaciones ante Honduras |
En la práctica
- Para los datos en poder del Estado, solicitud ante la institución y recurso ante el IAIP; para las empresas, solicitud invocando el artículo 182 de la Constitución y, ante la negativa, hábeas data ante la Sala de lo Constitucional (sin abogado obligatorio).
- Ante una imagen íntima difundida: capturar las pruebas, denunciar ante el Ministerio Público o la DPI (Unidad de Delitos Informáticos), pedir medidas de seguridad al juzgado (Ley contra la Violencia Doméstica si es la pareja) y notificar a la plataforma; las Ciudades Mujer acompañan.
- Los menores están protegidos por el Código de la Niñez: denunciar a la DINAF y a la plataforma.
Coste y cobertura
Denuncias y hábeas data gratuitos; abogados privados para daños.
Cambios recientes
El proyecto de ley de protección de datos (2024) no ha avanzado; el Código Penal de 2019 dio a Honduras sus primeros tipos contra la violencia digital; el IAIP publicó lineamientos sobre datos confidenciales; el proyecto de ley de ciberseguridad se retiró en 2023 por críticas sobre la libertad de expresión.
A quién dirigirse
- Ministerio Público y DPI — Unidad de Delitos Informáticos; 911.
- Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
- Sala de lo Constitucional: hábeas data.
- Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Ciudades Mujer.
Conviene saber
Honduras no tiene ley ni autoridad de protección de datos, pero su hábeas data constitucional se presenta sin abogado ante la Sala de lo Constitucional: es la vía para acceder o suprimir datos en manos de empresas locales. La difusión de imágenes íntimas es delito desde 2020: denunciar ante el Ministerio Público.
Fuentes
- Constitución de la República — artículos 76 y 182 — Tribunal Superior de Cuentas
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública — Decreto 170-2006 — IAIP
- Código Penal — Decreto 130-2017 (delitos contra la intimidad y los datos) — texto
Estafas románticas
La estafa se castiga con penas de 1 a 6 años según el monto (Código Penal de 2019) y el fraude informático con tipos propios desde 2020, la denuncia se presenta ante el Ministerio Público o la Policía (Unidad de Delitos Informáticos de la DPI); la Comisión Nacional de Bancos y Seguros obliga a las entidades a devolver el dinero de las operaciones no autorizadas que resultan de fallos de seguridad, y excluye las transferencias voluntarias; las estafas por WhatsApp, redes y contactos románticos crecen con las remesas.
El Código Penal de 2019 (Decreto 130-2017, en vigor desde 2020) castiga la estafa — engaño bastante para producir error y un acto de disposición patrimonial — con 1 a 3 años, 3 a 6 si el perjuicio es grave o afecta a varias víctimas o a personas vulnerables, y tipifica los delitos informáticos (acceso ilícito, interceptación, daño, fraude informático con la pena de la estafa agravada, suplantación de identidad); la Ley Especial contra el Lavado de Activos y la Unidad de Inteligencia Financiera permiten rastrear; Honduras no ha adherido al Convenio de Budapest. La denuncia se presenta ante el Ministerio Público (Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado o fiscalías locales) o la Policía Nacional (Unidad de Delitos Informáticos de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI), y por la línea 911. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS, Normas para la Gestión del Riesgo Tecnológico y de Protección al Usuario Financiero) obliga a las entidades a contar con sistemas de seguridad y a hacerse cargo de las operaciones no autorizadas si sus controles fallaron, y se reclama al banco y, después, a la Gerencia de Protección al Usuario Financiero de la CNBS; las transferencias que ordenó la propia víctima no se devuelven. Las remesas (el 25 % del PIB) hacen de las familias hondureñas un objetivo: estafas por WhatsApp (suplantación de familiares en Estados Unidos, «accidentes», «detenciones»), falsas ofertas de «coyotes» y visados, préstamos con adelanto y estafas románticas con «inversión»; el Ministerio Público registra miles de denuncias al año y la recuperación del dinero es rara.
Los puntos clave
| Delito | Estafa: 1 a 3 años, 3 a 6 agravada (Código Penal 2019); fraude informático y suplantación de identidad tipificados |
|---|---|
| Denuncia | Ministerio Público, Policía Nacional (Unidad de Delitos Informáticos de la DPI), 911 |
| Reembolso bancario | Para operaciones no autorizadas si fallaron los controles (CNBS); no para transferencias voluntarias ni remesas |
| Reclamos | Banco, luego CNBS (Protección al Usuario Financiero) |
| Prescripción | Como la pena máxima del delito, y no menos de 3 años |
| Cifras | Miles de denuncias anuales (Ministerio Público); estafas por WhatsApp ligadas a las remesas, falsos «coyotes» y visados, préstamos falsos a la cabeza |
En la práctica
- Se denuncia en el Ministerio Público o en la DPI con las pruebas a mano (capturas, cuentas de destino, comprobantes de remesa) y se solicita el bloqueo de la cuenta que recibió el dinero; bancos y remesadoras responden a esos oficios.
- Primero se reclama por escrito al banco; si en 10 días no hay respuesta, el reclamo pasa a la CNBS, que lo recibe gratis y en línea.
- Verificar por otro canal cualquier mensaje de un familiar en Estados Unidos que pida dinero urgente por un «accidente» o una «detención»: la suplantación por WhatsApp es la estafa más frecuente en Honduras.
- El «coyote», el visado o el empleo en Estados Unidos con pago anticipado son estafa (y el tráfico de personas, un delito); nadie vigila los préstamos con adelanto ni las «inversiones» propuestas por contactos románticos.
- El Ministerio Público y el CONADEH orientan a las víctimas; las iglesias y las redes familiares acompañan a menudo.
Coste y cobertura
Denuncia y reclamos ante la CNBS gratuitos; la vía civil requiere abogado (consultorios jurídicos gratuitos de las universidades).
Cambios recientes
El Código Penal de 2019 tipificó el fraude informático; la CNBS reforzó en 2023-2024 la autenticación de la banca móvil; la DPI creó la Unidad de Delitos Informáticos; la migración y las remesas alimentan las estafas de suplantación y de «coyotes»; un proyecto de ley de ciberseguridad fue retirado en 2023 por críticas sobre la libertad de expresión.
A quién dirigirse
- Ministerio Público — fiscalías; línea 911.
- DPI — Unidad de Delitos Informáticos.
- CNBS — Protección al Usuario Financiero.
- CONADEH.
Conviene saber
En Honduras el fraude va detrás de la remesa: cada día alguien vacía su cuenta por el mensaje del «hijo detenido en Estados Unidos» o por el «coyote» que exige un adelanto. Antes de enviar dinero hay que confirmar por otra vía, porque una remesa enviada no se recupera.
Fuentes
- Código Penal — Decreto 130-2017 (estafa y delitos informáticos) — Tribunal Superior de Cuentas
- CNBS — Protección al Usuario Financiero — reclamos
- Ministerio Público de Honduras — denuncias