Protección de datos
El artículo 31 de la Constitución de 1985 garantiza el acceso a los archivos y registros estatales y la corrección de los datos, sin cubrir los registros privados, y el artículo 24 la inviolabilidad de la correspondencia y los documentos; la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) define los datos personales y los «datos sensibles» (orientación sexual, salud, creencias) en poder de los sujetos obligados públicos y prohíbe su difusión sin consentimiento, con la Procuraduría de los Derechos Humanos como autoridad de acceso a la información, sin competencia sobre las empresas; Guatemala no tiene ley general de protección de datos ni autoridad: varios proyectos (2009, 2017, 2022) no han sido aprobados, y la ley de ciberdelincuencia de 2022 fue derogada. El Código Penal, reformado por el Decreto 9-2009 y la Ley contra la Violencia Sexual, castiga la violación a la intimidad sexual (artículo 190: 1 a 3 años, por difundir o publicar imágenes o grabaciones de contenido sexual sin consentimiento), y el Decreto 57-2008 la difusión de datos sensibles públicos; la Ley contra el Femicidio (2008) permite perseguir la difusión como violencia psicológica contra la mujer con medidas de seguridad, y la Ley de Protección Integral de la Niñez protege la imagen de los menores. Ninguna autoridad guatemalteca puede imponer obligaciones a las plataformas extranjeras.
Los puntos clave
| Norma | Sin ley general; Constitución (artículo 31: hábeas data limitado al Estado); Ley de Acceso a la Información Pública (datos sensibles públicos) |
|---|---|
| Autoridad | Ninguna para las empresas; Procuraduría de los Derechos Humanos para la información pública |
| Derechos | Acceso y corrección en los registros estatales; sin derechos exigibles ante las empresas salvo por la vía civil |
| Imágenes íntimas | Violación a la intimidad sexual: 1 a 3 años (artículo 190, Decreto 9-2009); violencia psicológica contra la mujer (Ley contra el Femicidio) |
| Proyectos | Leyes de protección de datos (2009, 2017, 2022) no aprobadas; ley de ciberdelincuencia derogada en 2022 |
| Contexto | Plataformas extranjeras sin obligaciones ante Guatemala |
En la práctica
- Para los datos en poder del Estado, solicitud de acceso o corrección ante la unidad de información pública, con recurso ante la Procuraduría de los Derechos Humanos; para las empresas, solicitud invocando las políticas de privacidad y, ante la negativa, acción civil o de amparo con abogado.
- Ante una imagen íntima difundida: capturar las pruebas, denunciar ante el Ministerio Público (violación a la intimidad sexual, artículo 190; Fiscalía de la Mujer si procede la Ley contra el Femicidio), pedir medidas de seguridad al juzgado y notificar a la plataforma.
- Los menores están protegidos por la Ley de Protección Integral: denunciar a la Procuraduría General de la Nación y a la plataforma.
- Una aplicación de citas extranjera sigue sus propias políticas: es por sus canales como se ejercen los derechos.
- Quien pide dinero para no difundir imágenes íntimas (sextorsión) comete extorsión: se denuncia y no se paga.
Coste y cobertura
Denuncias gratuitas; acciones civiles con abogado (bufetes populares gratuitos); sin autoridad administrativa.
Cambios recientes
Ningún proyecto de ley de protección de datos ha avanzado desde la derogación de la ley de ciberdelincuencia en 2022; la Procuraduría de los Derechos Humanos publicó guías sobre datos sensibles; el Ministerio Público reforzó la persecución de la violación a la intimidad sexual.
A quién dirigirse
- Ministerio Público — Fiscalía de la Mujer y Unidad de Delitos Informáticos; línea 1572.
- Procuraduría de los Derechos Humanos: información pública y datos sensibles.
- Procuraduría General de la Nación (menores).
- Fundación Sobrevivientes, Mujeres Transformando el Mundo: acompañamiento.
Conviene saber
Guatemala no tiene ley ni autoridad de protección de datos: ante una empresa o una plataforma, solo valen sus políticas y la vía civil. La difusión de imágenes íntimas, en cambio, es delito desde 2009 (violación a la intimidad sexual): denunciar ante el Ministerio Público funciona.
Fuentes
Estafas románticas
La estafa se castiga con 6 meses a 4 años (Código Penal, artículo 263) sin tipo específico de fraude informático (la ley de ciberdelincuencia de 2022 fue derogada semanas después), la denuncia se presenta ante el Ministerio Público (Fiscalía contra el Delito de Estafa, Unidad de Delitos Informáticos) o la PNC; la Superintendencia de Bancos y la DIACO obligan a los bancos a reembolsar las operaciones no autorizadas con fallos de seguridad, no las transferencias voluntarias; las estafas por WhatsApp, préstamos falsos y contactos románticos crecen.
El artículo 263 del Código Penal castiga la estafa propia — inducir a error mediante engaño para obtener un provecho patrimonial en perjuicio de otro — con 6 meses a 4 años y multa, agravada (artículo 264) en casos especiales, y el artículo 274 y siguientes los delitos contra el derecho de autor y los registros informáticos (destrucción, alteración de registros: 6 meses a 4 años), sin un tipo específico de fraude informático: el Decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, aprobado en septiembre de 2022, fue derogado en noviembre del mismo año por el Decreto 51-2022 tras las críticas sobre la libertad de expresión, y Guatemala sigue sin ley de ciberdelitos ni adhesión al Convenio de Budapest. La denuncia se presenta ante el Ministerio Público (Fiscalía de Sección contra el Delito de Estafa en la capital, fiscalías distritales, Unidad de Delitos Informáticos) o la Policía Nacional Civil (Departamento de Investigación de Delitos Informáticos), y la Intendencia de Verificación Especial puede rastrear. Según el Reglamento para la Administración del Riesgo Tecnológico, la Superintendencia de Bancos exige a las entidades sistemas de seguridad y que respondan de las operaciones no autorizadas cuando sus controles fallaron, con reclamo ante el banco y luego ante la Superintendencia (Oficina de Atención al Usuario) o la DIACO (Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor); no hay reembolso de las transferencias que la propia víctima ordenó. Encabezan las denuncias las estafas por WhatsApp (suplantación de familiares y de bancos), los préstamos que piden un «adelanto», las falsas ofertas de empleo en Estados Unidos y las estafas románticas con «inversión», que el Ministerio Público cifra en miles al año; rara vez se recupera el dinero.
Los puntos clave
| Delito | Estafa: 6 meses a 4 años (artículo 263); sin tipo específico de fraude informático (ley de 2022 derogada) |
|---|---|
| Denuncia | Ministerio Público (Fiscalía contra el Delito de Estafa, Unidad de Delitos Informáticos), PNC (Delitos Informáticos) |
| Reembolso bancario | Se reembolsan las operaciones no autorizadas si fallaron los controles del banco (Superintendencia de Bancos); no las transferencias voluntarias |
| Reclamos | Primero el banco; después la Atención al Usuario de la Superintendencia de Bancos o la DIACO |
| Prescripción | 5 años |
| Cifras | Miles de denuncias anuales por estafa (Ministerio Público); estafas por WhatsApp, préstamos falsos y falsas ofertas de empleo en Estados Unidos a la cabeza |
En la práctica
- Presentar la denuncia en el Ministerio Público con todas las pruebas (capturas, cuentas de destino, comprobantes, perfiles) y solicitar el bloqueo de la cuenta receptora; los bancos atienden los oficios.
- Reclamar por escrito al banco; si en 15 días no contesta, la Superintendencia de Bancos o la DIACO reciben el reclamo sin costo.
- Las falsas ofertas de empleo o de visado para Estados Unidos, que exigen pagos por «trámites», son una estafa masiva en Guatemala: solo la embajada tramita visados y nadie cobra por una oferta de trabajo.
- Los préstamos que exigen un adelanto y las «inversiones» propuestas por contactos románticos no están vigilados por nadie; verificar en la Superintendencia de Bancos que el prestamista está regulado.
- El Ministerio Público tiene Oficinas de Atención a la Víctima; la Procuraduría de los Derechos Humanos orienta.
Coste y cobertura
Denuncia, Superintendencia y DIACO gratuitos; la vía civil requiere abogado (bufetes populares universitarios gratuitos).
Cambios recientes
La ley de ciberdelincuencia de 2022 fue derogada dos meses después de aprobarse; nuevos proyectos se debaten desde 2023; la autenticación bancaria se endureció bajo la Superintendencia de Bancos; la Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio Público creció; las estafas de «visado» y «empleo» en Estados Unidos crecieron con la migración.
A quién dirigirse
- Ministerio Público — Fiscalía contra el Delito de Estafa; línea 1572.
- PNC — Departamento de Investigación de Delitos Informáticos.
- Superintendencia de Bancos — Oficina de Atención al Usuario.
- DIACO: 1544.
Conviene saber
Al no existir ley de ciberdelitos ni delito específico de fraude informático, las estafas en línea se persiguen como estafa común, con medios limitados. Y las estafas más costosas explotan el sueño migratorio: ofertas de empleo y «visados» para Estados Unidos con pagos por adelantado que nadie devuelve.
Fuentes
- Código Penal — Decreto 17-73, artículos 263 y 264 (estafa) — texto (OEA)
- Superintendencia de Bancos — atención al usuario — reclamos
- Ministerio Público de Guatemala — denuncias — portal oficial