Anticoncepción
Anticonceptivos gratuitos en el Ministerio de Salud y en el ISSS, píldora de emergencia legal y disponible en el sistema público, ligadura muy frecuente; el acceso de los adolescentes está reconocido por la ley pero limitado en la práctica.
La Ley de Igualdad (2011) y la Política de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (2012) garantizan el acceso gratuito a la planificación familiar en la red pública, y los Lineamientos técnicos para la provisión de servicios de anticoncepción fijan la gama, incluida la anticoncepción de emergencia, disponible también en farmacia. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) reconoce el derecho de los adolescentes a la salud sexual y reproductiva y a la confidencialidad.
Los puntos clave
| Cobertura | Gratuita en el MINSAL y el ISSS: preservativos, píldoras, inyectables, DIU, implante y píldora de emergencia |
|---|---|
| Farmacias | Hormonales y píldora de emergencia, vendidos sin receta de hecho |
| Menores | Derecho reconocido por la LEPINA; servicios amigables en las unidades de salud |
| Esterilización | La ligadura es el método más usado del país; vasectomía disponible |
| Uso | Alrededor del 72 % de las mujeres en pareja usan un método |
| Contexto | Prohibición total del aborto: la anticoncepción es el único recurso ante un embarazo no deseado |
En la práctica
- Acudir a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) del municipio: consejería y método gratuitos.
- La píldora de emergencia se entrega en el sistema público y se vende en farmacia de 5 a 12 dólares.
- El implante y el DIU se colocan en las unidades de salud y hospitales; el implante se ha extendido desde 2018.
- Los afiliados al ISSS tienen la planificación familiar en sus unidades.
- La Asociación Demográfica Salvadoreña ofrece métodos a precio social.
Coste y cobertura
Gratuito en el sistema público (el país usa el dólar). En farmacia, de 5 a 20 dólares al mes; implante en privado de 100 a 250 dólares.
Cambios recientes
El MINSAL amplió en 2022-2023 la oferta de implantes para las adolescentes; el régimen de excepción vigente desde 2022 no ha afectado a los servicios de salud sexual, pero ha reducido la actividad de las organizaciones de derechos.
A quién dirigirse
- Unidades Comunitarias de Salud Familiar y hospitales del MINSAL; emergencias 132.
- Asociación Demográfica Salvadoreña: clínicas.
- ISSS para los afiliados.
- Línea 126 (ISDEMU, violencia contra las mujeres).
Conviene saber
En un país donde el aborto está prohibido en todos los casos y se persigue, la anticoncepción de emergencia tras una relación sin protección es la única salida legal: es gratuita en el sistema público y debe tomarse en las 72 horas, cuanto antes mejor.
Fuentes
- Ministerio de Salud — salud sexual y reproductiva — programas y lineamientos
- Asociación Demográfica Salvadoreña — servicios
- LEPINA — Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia — Asamblea Legislativa
Aborto
El Código Penal de 1998 (artículos 133 a 137) suprimió todas las causales de aborto que existían antes — terapéutica, ética y eugenésica — y lo castiga con dos a ocho años de prisión para la mujer y para el personal, seis a doce para los profesionales de la salud. La Constitución reconoce desde 1999 a la persona humana «desde el instante de la concepción». En la práctica, fiscales han acusado a mujeres que llegaron al hospital con abortos espontáneos o partos prematuros de homicidio agravado, con condenas de hasta 30 y 40 años; la mayoría de «Las 17» y otras fueron liberadas entre 2015 y 2022 tras años de cárcel.
Los puntos clave
| Legal | Ningún caso, ni siquiera el riesgo vital ni la inviabilidad fetal |
|---|---|
| Penas | Mujer: dos a ocho años; personal sanitario: seis a doce años; homicidio agravado en varios casos: 30 a 50 años |
| Riesgo vital | Sin excepción; el caso Beatriz (2013) mostró que la Corte Suprema negó la interrupción a una mujer con lupus y feto anencefálico |
| Condena internacional | Corte Interamericana, Manuela y otros (2021) y Beatriz y otros (2024) |
| Anticoncepción de emergencia | Legal y disponible |
| Cifras | Al menos 180 mujeres procesadas por aborto u homicidio entre 2000 y 2019 |
En la práctica
- En caso de emergencia obstétrica, las organizaciones aconsejan acudir acompañada al hospital y no describir el origen del sangrado: la atención es obligatoria, pero las denuncias desde los hospitales públicos han existido.
- La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ofrece defensa jurídica a las mujeres procesadas.
- El misoprostol circula en el mercado informal; las organizaciones informan sobre los protocolos de la OMS sin practicar abortos.
- Las mujeres con medios viajan a México; las salvadoreñas en Estados Unidos dependen de la ley de su Estado.
- La anticoncepción de emergencia y la anticoncepción regular son accesibles en el sistema público.
Coste y cobertura
Ningún servicio de aborto cuenta con amparo legal. Aborto clandestino: de 100 a 1 000 dólares (el país usa el dólar).
Cambios recientes
La Corte Interamericana declaró en 2024 (sentencia notificada en diciembre) que El Salvador violó los derechos de Beatriz y ordenó regular la atención en los casos de riesgo para la vida y la salud; el Gobierno de Nayib Bukele ha declarado que no cambiará la ley. Varias mujeres condenadas fueron liberadas por conmutación entre 2018 y 2022.
A quién dirigirse
- Hospitales del Ministerio de Salud; emergencias 911 y 132 (Cruz Roja).
- Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: defensa jurídica y acompañamiento.
- Colectiva Feminista para el Desarrollo Local: apoyo.
- Línea 126 (Ciudad Mujer / ISDEMU, violencia contra las mujeres).
Conviene saber
Ninguna mujer está obligada a declarar cómo empezó una hemorragia, y el secreto médico sigue vigente en la ley: si un profesional le pregunta, tiene derecho a no responder y a pedir un abogado. La Agrupación Ciudadana interviene en horas cuando una mujer es detenida en un hospital.
Fuentes
- Código Penal — artículos 133 a 137 — Asamblea Legislativa (texto vigente)
- Corte Interamericana — caso Beatriz y otros vs. El Salvador (2024) — sentencia
- Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto — defensa y acompañamiento
Drogas y estupefacientes
Una de las leyes más duras de la región: la posesión de menos de 2 g se castiga con 1 a 3 años y la de 2 g o más con 3 a 6 años con presunción de tráfico (Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, 2003); el tráfico con 10 a 15 años; sin despenalización ni cannabis medicinal; el alcohol se vende desde los 18 años y la conducción bajo sus efectos se sanciona con tolerancia baja, en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022.
La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (Decreto 153 de 2003) castiga el tráfico con 10 a 15 años, la siembra y el cultivo con 5 a 15, y la posesión y tenencia (artículo 34): la posesión de cantidades inferiores a 2 g se castiga con 1 a 3 años de prisión y multa, y la de 2 g o más con 3 a 6 años, con presunción de fines de tráfico; el consumo no es delito, pero la posesión lo es siempre y no hay despenalización; los tribunales pueden sustituir la pena por tratamiento para el dependiente. El cannabis medicinal no está regulado (proyectos de 2019 y 2023 sin trámite). El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas ha llevado a más de 80 000 detenciones, incluidas muchas por posesión, con garantías suspendidas. La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento sancionan la conducción bajo los efectos del alcohol con un límite bajo (0,5 g/l con multa; ebriedad desde 1 g/l con retención), y la venta de alcohol está prohibida a menores de 18 años (Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol, LEPINA); las municipalidades fijan horarios. El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Hospital Nacional Psiquiátrico tratan las adicciones; la Comisión Nacional Antidrogas coordina.
Los puntos clave
| Posesión de menos de 2 g | 1 a 3 años y multa (artículo 34); sin despenalización |
|---|---|
| Posesión de 2 g o más | 3 a 6 años con presunción de tráfico |
| Tráfico | 10 a 15 años; cultivo 5 a 15 |
| Cannabis medicinal | No regulado |
| Alcohol | Venta prohibida a menores de 18; alcoholemia 0,5 g/l (multa), ebriedad desde 1 g/l (retención); horarios municipales |
| Contexto | Régimen de excepción desde 2022: más de 80 000 detenciones, garantías suspendidas |
| Cifras | Entre las sustancias, la que más daño causa es el alcohol; consume cannabis el 2 % de los adultos; incautaciones de cocaína en el Pacífico |
En la práctica
- No llevar ninguna sustancia: menos de 2 g ya es prisión, y 2 g convierten al consumidor en presunto traficante; bajo el régimen de excepción, la detención puede prolongarse meses sin juicio.
- El dependiente puede pedir la sustitución de la pena por tratamiento con un certificado médico; la Procuraduría General (defensa pública) lo solicita.
- Con 0,5 g/l la conducción se sanciona con multa; desde 1 g/l, retención del vehículo y remisión; la Policía controla en las salidas de las ciudades los fines de semana.
- FOSALUD (línea 132) orienta hacia los centros de tratamiento públicos y el Hospital Nacional Psiquiátrico; las comunidades terapéuticas privadas abundan con calidad desigual.
- Los extranjeros detenidos por drogas son procesados y expulsados, y bajo el régimen de excepción la asistencia consular es limitada.
Coste y cobertura
Tratamiento público gratuito (FOSALUD, Hospital Psiquiátrico); comunidades terapéuticas privadas de 150 a 500 dólares al mes; multas de tránsito por alcohol de 57 a 200 dólares.
Cambios recientes
El régimen de excepción se prorroga mensualmente desde 2022; ninguna reforma de la ley de drogas está en debate; los proyectos de cannabis medicinal no avanzan; las incautaciones de cocaína en el Pacífico aumentaron en 2023-2024.
A quién dirigirse
- FOSALUD — línea 132: orientación y tratamiento.
- Hospital Nacional Psiquiátrico (San Salvador).
- Procuraduría General de la República: defensa pública.
- Comisión Nacional Antidrogas.
Conviene saber
El Salvador castiga con prisión la posesión de menos de dos gramos y presume el tráfico a partir de dos: es la ley más dura de la lista para el consumidor, aplicada en un régimen de excepción que suspende garantías. Ninguna cantidad es segura.
Fuentes
- Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas — Decreto 153 de 2003 — Asamblea Legislativa
- FOSALUD — atención a adicciones — portal oficial
- Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial — Viceministerio de Transporte