Filipinas

Filipinas es el único país de Asia que formó parte de la monarquía hispánica durante más de tres siglos, y conserva de ella huellas profundas. La expedición de Magallanes llegó al archipiélago en 1521 — Magallanes murió en abril de ese año en Mactán, frente a Cebú —, y en 1543 la expedición de Ruy López de Villalobos dio el nombre de «Felipinas» a las islas de Leyte y Samar, en honor del príncipe Felipe, el futuro Felipe II. La colonización empezó en 1565, cuando Miguel López de Legazpi, llegado de la Nueva España, se estableció en Cebú; ese mismo año, el agustino Andrés de Urdaneta encontró la ruta de regreso a través del Pacífico (el tornaviaje), y en 1571 Legazpi fundó la ciudad española de Manila, que pasó a ser la capital de la colonia. Durante dos siglos y medio, hasta 1815, el galeón de Manila — la Nao de China — unió Manila con Acapulco: llevaba a la Nueva España sedas, porcelanas y especias de Asia, pagadas con plata americana. Filipinas dependió del virreinato de la Nueva España hasta la independencia mexicana de 1821, y el vínculo dejó huella en las dos orillas: el tagalo tomó, a través del español de México, palabras de origen náhuatl como kamote (camote), sayote (chayote) o tiyangge (de tianguis, el mercado), y los filipinos que llegaron con los galeones a la costa mexicana del Pacífico llevaron consigo la tuba, el vino de palma de coco que se sigue bebiendo en Colima y en Guerrero. De la época española vienen el catolicismo — cerca de ocho de cada diez filipinos son católicos, y la Universidad de Santo Tomás, fundada en Manila por los dominicos en 1611, es una de las más antiguas de Asia —; los apellidos españoles de tantas familias — los religiosos, como de la Cruz o de los Santos, que adoptaron los filipinos recién cristianizados, y los que se eligieron a raíz del decreto de 1849 del gobernador general Narciso Clavería, que ordenó a las familias tomar un apellido fijo, por lo general de un Catálogo alfabético de apellidos —; miles de palabras del tagalo, la lengua en la que se basa el filipino (mesa, kutsara, bintana, los días de la semana, la hora); y el chabacano, una lengua criolla de base española que hablan cientos de miles de personas, sobre todo en Zamboanga, en Mindanao, y, con muchos menos hablantes, en Cavite, en la bahía de Manila. En español escribieron los ilustrados filipinos del siglo XIX, muchos de ellos estudiantes en España, donde fundaron en 1889, en Barcelona, el periódico La Solidaridad: José Rizal publicó en Europa Noli me tángere (1887) y El filibusterismo (1891) antes de ser fusilado en Manila en 1896. La revolución de 1896 y la guerra entre España y Estados Unidos pusieron fin a la colonia: por el Tratado de París de diciembre de 1898, España cedió Filipinas a Estados Unidos, y en Baler los «últimos de Filipinas» resistieron hasta junio de 1899 — desde 2003, el 30 de junio es en Filipinas el Día de la Amistad Hispano-Filipina. El español siguió siendo lengua oficial hasta 1987, pero a lo largo del siglo XX fue retrocediendo ante el inglés, también después de la independencia de 1946; la Constitución de 1987 dejó como lenguas oficiales el filipino y el inglés, y dispone que el español y el árabe se promuevan con carácter voluntario y opcional. Hoy el lazo es sobre todo humano: la comunidad filipina de España, de decenas de miles de personas, vive sobre todo en Madrid y en Barcelona, y una parte de ella tiene ya la nacionalidad española — a los filipinos de origen, como a los iberoamericanos, les bastan dos años de residencia legal para solicitarla —; en Filipinas viven españoles y latinoamericanos llegados por trabajo, por estudios o por amor, y familias hispano-filipinas de varias generaciones. Por eso Filipinas tiene su página en la versión española del sitio.

República presidencial de más de 110 millones de habitantes, en un archipiélago de más de 7 000 islas, independiente desde 1946 y el país de Asia con más católicos, Filipinas tiene un derecho de familia codificado en el Family Code (Código de Familia), en vigor desde el 3 de agosto de 1988, y en el Código Civil, que rige, entre otras materias, las sucesiones. Es, junto con el Vaticano, el único Estado donde la mayoría de la población no puede divorciarse: el matrimonio solo termina por la muerte, por la declaración de nulidad (declaration of nullity) — sobre todo por incapacidad psicológica, que el Tribunal Supremo convirtió en 2021 en un concepto jurídico y no estrictamente médico — o la anulación (annulment) o, cuando el cónyuge extranjero ha obtenido el divorcio en el extranjero, por el reconocimiento judicial de ese divorcio; la separación legal (legal separation) no permite volver a casarse; solo los filipinos musulmanes pueden divorciarse, según el Code of Muslim Personal Laws (código de derecho personal musulmán), y una ley de divorcio aprobada por la Cámara de Representantes en mayo de 2024 decayó sin voto del Senado. Matrimonio a los 18 años, con consentimiento de los padres hasta los 20 y consejo parental hasta los 24, y matrimonio infantil castigado penalmente desde 2021; bodas religiosas con pleno efecto civil cuando el oficiante está registrado; comunidad absoluta de bienes (absolute community of property) como régimen legal de los matrimonios celebrados desde 1988; ninguna unión civil ni pareja registrada, y ningún reconocimiento para las parejas del mismo sexo, aunque sus relaciones nunca se han penalizado; legítima (legitime) de los herederos forzosos e impuesto sobre la herencia a un tipo único del 6 % desde la ley TRAIN de 2017; adopción nacional decidida por vía administrativa por la National Authority for Child Care (NACC, autoridad nacional de cuidado de la infancia) desde 2022; ninguna ley sobre la reproducción asistida; anticoncepción gratuita en los centros públicos según la ley de salud reproductiva de 2012, pero aborto castigado por el Revised Penal Code (Código Penal revisado) sin ninguna excepción legal expresa, ni siquiera en caso de violación; edad de consentimiento sexual elevada de 12 a 16 años en 2022; ley de 2004 contra la violencia hacia las mujeres y sus hijos (Anti-Violence Against Women and Their Children Act, llamada ley VAWC), con la orden de protección del barangay (la unidad administrativa local más pequeña, el barrio o la aldea), expedida por lo general el mismo día; cadena perpetua por la venta de drogas, sea cual sea la cantidad, desde la ley de 2002; ley de privacidad de los datos de 2012 (Data Privacy Act), que castiga con prisión el tratamiento no autorizado y la divulgación maliciosa.

Para una pareja hispano-filipina, nada circula con la facilidad que aseguran los reglamentos europeos entre dos Estados miembros: Filipinas está fuera de la Unión Europea, y ni las resoluciones ni los documentos pasan de un país a otro sin trámites. Los documentos de estado civil se presentan por lo general con la apostilla del Convenio de La Haya y, cuando hace falta, traducidos; el contrayente extranjero que se casa en Filipinas presenta un certificado de capacidad matrimonial de su embajada o consulado para obtener la marriage license (licencia de matrimonio) del Local Civil Registrar (registrador civil municipal). El matrimonio se inscribe después en la Philippine Statistics Authority (PSA, que lleva el registro civil central); el de un español debe inscribirse además en el Registro Civil español — por lo general, en el Registro Civil Consular de la oficina consular de España en Manila, que inscribe también los nacimientos y anota los divorcios y las nulidades —, sin lo cual no consta en el Registro Civil español. Los latinoamericanos lo registran en el consulado de su país o ante sus autoridades, y el reconocimiento de las sentencias depende de la ley de cada Estado. El punto más delicado es la ruptura: un divorcio obtenido en España — cuyos tribunales, cuando son competentes, aplican los reglamentos europeos sea cual sea la nacionalidad de los cónyuges — libera al cónyuge español, pero el cónyuge filipino sigue casado para el derecho filipino, con el régimen de bienes todavía vigente, hasta que un tribunal filipino reconoce ese divorcio obtenido válidamente en el extranjero por el cónyuge extranjero (artículo 26 del Family Code), y volver a casarse antes puede constituir bigamia; a la inversa, una declaración de nulidad o una anulación pronunciada en Filipinas debe reconocerse en España antes de anotarse en el Registro Civil. Del lado español, los notarios y los jueces aplican también a estas parejas los reglamentos europeos sobre la sucesión y el régimen económico del matrimonio, que Filipinas no aplica, de modo que los dos países pueden llegar a resultados distintos sobre los mismos bienes; las resoluciones sobre los hijos y las órdenes de protección no surten efecto automáticamente de un país a otro; y el cónyuge filipino de un español que vive en España puede solicitar la nacionalidad española tras un año de residencia legal y un año de matrimonio, sin separación. Las fichas explican qué rige en Filipinas, cómo se hace, cuánto cuesta y en qué difiere la ley filipina de la española: no hay divorcio, y la separación legal no permite volver a casarse; un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en España no produce ningún efecto en Filipinas; la comunidad absoluta de bienes incluye casi todo lo que cada cónyuge poseía antes de la boda, y las capitulaciones solo pueden otorgarse antes de ella; los extranjeros no pueden ser propietarios de tierras; el hijo nacido fuera del matrimonio — «ilegítimo», en la terminología de la ley filipina — hereda la mitad de la parte de un hijo legítimo; el aborto está penalizado sin excepción, y los menores necesitan por lo general el consentimiento de sus padres para la anticoncepción; la reproducción asistida no tiene ley; la edad de consentimiento sexual, 16 años, es la misma que en España, pero sus excepciones no coinciden; y la venta de drogas se castiga con cadena perpetua, sea cual sea la cantidad.

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