Violencia y consentimiento — Filipinas

Consentimiento y edad de consentimiento sexual

La Republic Act 11648, firmada en marzo de 2022, elevó la edad de consentimiento sexual de 12 años, una de las más bajas del mundo, a 16. Prevé una excepción por proximidad de edad: no hay delito cuando la diferencia de edad es inferior a tres años y la relación es consentida, no abusiva y no explotadora; la excepción no se aplica cuando interviene cualquier elemento de autoridad, de coacción o de explotación — un punto que a menudo se entiende mal —. La reforma suprimió además la defensa del matrimonio posterior: casarse con la víctima ya no extingue la responsabilidad penal. Como el umbral solo se elevó a 16 años en 2022, los hechos anteriores se rigen por el umbral anterior de 12 años, y por eso la fecha importa tanto. La ley contra la violación de 1997 (Anti-Rape Law) ya había reclasificado la violación como un delito contra las personas, y no contra la castidad. La violación dentro del matrimonio está penalizada en el marco de la ley contra la violencia hacia las mujeres y sus hijos (Anti-Violence Against Women and Their Children Act, llamada ley VAWC; véase la sección sobre la violencia). La Safe Spaces Act (ley de espacios seguros) cubre el acoso sexual en la calle y en internet, y una ley integral de 2022 contra el abuso y la explotación sexual de niños en línea acompañó la reforma de la edad de consentimiento. Los plazos de prescripción se han ampliado para los delitos contra menores. Para denunciar, cada comisaría de policía cuenta con una Women and Children Protection Desk (oficina de protección de mujeres y niños), y existen unidades de protección de mujeres y niños en los hospitales; la víctima no tiene que decidir de inmediato si quiere un proceso penal, y el examen médico-legal puede, por lo general, practicarse y conservarse antes de cualquier decisión de denunciar. La Public Attorney's Office (PAO, defensoría pública) representa gratuitamente a las víctimas que cumplen sus condiciones. En territorio filipino rige la ley penal filipina, con independencia de la nacionalidad de autor y víctima. En España, la edad de consentimiento es también de 16 años desde 2015, con una excepción para las relaciones consentidas con una persona próxima en edad y grado de desarrollo o madurez — sin una diferencia de edad fija —, y la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual («solo sí es sí») define el consentimiento como una manifestación libre por actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona; los países latinoamericanos no tienen una edad común.

Los puntos clave

En la práctica

• Puede denunciar en cualquier comisaría de policía, y no tiene que decidir de inmediato si quiere un proceso penal. Acuda de preferencia a la Women and Children Protection Desk de la comisaría o a una unidad hospitalaria de protección de mujeres y niños.
• El examen médico-legal puede, por lo general, practicarse y conservarse antes de cualquier decisión de denunciar: no deje pasar el tiempo, aunque todavía no sepa qué hará.
• Los servicios de apoyo especializados pueden acompañarle y explicarle cada paso; las unidades de intervención en crisis del DSWD (Department of Social Welfare and Development, ministerio de bienestar social) y la Child Protection Network (red de protección de la infancia) atienden a las víctimas.
• Pida una constancia escrita de cualquier examen y el número de referencia de la denuncia.
• Un español o un latinoamericano víctima en Filipinas puede pedir ayuda a su consulado, que presta asistencia consular y puede facilitarle una lista de abogados. Si no domina el inglés ni el filipino, dígalo desde el primer contacto con la policía o con el hospital.
• Todo hecho ocurrido en Filipinas lo juzga la ley penal filipina, sin que importe de dónde sean el autor o la víctima; alegar la ley del propio país no sirve de nada. España, por su parte, puede llevar ante sus tribunales ciertos delitos sexuales contra menores cometidos fuera del país, sobre todo por españoles, si se dan los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Las familias que viven entre dos países deben saber que la edad de consentimiento es hoy de 16 años tanto en Filipinas como en España, pero que las excepciones no coinciden: en Filipinas, una diferencia de edad inferior a tres años, sin autoridad, coacción ni explotación; en España, la proximidad en edad y en grado de desarrollo o madurez, sin cifra fija. En América Latina, la edad varía según el país.
• Para la comunidad filipina de España: la ley española se aplica a los hechos cometidos en España, sea cual sea la nacionalidad. La denuncia se presenta en la comisaría, en la Guardia Civil, en el juzgado de guardia o en la fiscalía, y los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual — uno por provincia — acompañan sin obligación de denunciar. La víctima tiene derecho a asistencia jurídica gratuita, con independencia de sus recursos, y a un intérprete si lo necesita; la embajada o el consulado de Filipinas en España puede prestarle asistencia consular.

Coste y cobertura

La Public Attorney's Office representa gratuitamente a las víctimas que cumplen sus condiciones. En España, denunciar no cuesta nada, y la víctima de violencia sexual tiene derecho a asistencia jurídica gratuita con independencia de sus recursos; el 016 y los centros de crisis son gratuitos. Aparte quedan, si hay que presentar en un país documentos expedidos en el otro, la apostilla y las traducciones.

A quién dirigirse

• Women and Children Protection Desks (oficinas de protección de mujeres y niños), en cada comisaría de policía.
• Unidades de intervención en crisis del DSWD (Department of Social Welfare and Development).
• Child Protection Network (red de protección de la infancia) y unidades hospitalarias de protección de mujeres y niños.
• Public Attorney's Office (PAO), para la representación gratuita de las víctimas que cumplen sus condiciones.
• Oficina consular de España en Manila o consulado de su país: asistencia consular y lista de abogados.
• En España: 016 (llamada o WhatsApp 600 000 016), las 24 horas, gratuito, también para la violencia sexual; centros de crisis 24 horas; Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito; Fundación ANAR (900 20 20 10), para los menores.
• Embajada o consulado de Filipinas en España, para los filipinos víctimas en España.

Fuentes

• gov.ph — portal oficial del Gobierno de Filipinas — portal oficial, en inglés
• Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual (España) — Boletín Oficial del Estado
• Código Penal — artículos 178 a 194 bis (delitos contra la libertad sexual) — Boletín Oficial del Estado
• Ministerio de Igualdad — 016 y centros de crisis — recursos

El artículo general: Consentimiento y edad de consentimiento sexual

Violencia en la pareja

La ley contra la violencia hacia las mujeres y sus hijos (Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Republic Act 9262 de 2004, llamada ley VAWC) cubre la violencia física, sexual, psicológica y económica del cónyuge, el excónyuge, la pareja o el padre del hijo de la mujer; su herramienta más práctica es la orden de protección del barangay (Barangay Protection Order), expedida en el día, gratuita, sin abogado y válida quince días, seguida de las órdenes temporales y permanentes de los tribunales, que pueden atribuir la custodia y los alimentos, y la víctima tiene derecho a diez días de permiso retribuido — entre Filipinas y España no rige ningún reglamento europeo: una orden de protección de un país no surte efecto automáticamente en el otro.

La Republic Act 9262, ley de 2004 contra la violencia hacia las mujeres y sus hijos (Anti-Violence Against Women and Their Children Act, llamada ley VAWC), cubre la violencia física, sexual, psicológica y económica ejercida contra una mujer por su cónyuge, su excónyuge, la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación sentimental (dating relationship) o el padre de su hijo, y protege también a los hijos de la mujer. La violencia económica está expresamente incluida, también la retirada del apoyo financiero; la violencia psicológica también lo está, y la jurisprudencia ha llegado a incluir en ella la infidelidad conyugal que causa un sufrimiento psíquico (mental anguish). El síndrome de la mujer maltratada (battered woman syndrome) es una defensa reconocida por la ley. Su herramienta más práctica es la orden de protección del barangay (Barangay Protection Order): el barangay es la unidad administrativa local más pequeña, el barrio o la aldea, y su capitán (barangay captain) expide la orden por lo general el mismo día, sin abogado ni tasa, por un plazo de quince días. Los tribunales dictan después órdenes de protección temporales y permanentes (Temporary Protection Order y Permanent Protection Order), con medidas más amplias, entre ellas la custodia de los hijos y los alimentos. Cada comisaría de policía cuenta con una Women and Children Protection Desk (oficina de protección de mujeres y niños); las unidades de intervención en crisis del DSWD (Department of Social Welfare and Development, ministerio de bienestar social) y sus centros de acogida Haven reciben a las víctimas, y la Public Attorney's Office (PAO, defensoría pública) las representa. La ley concede además a la víctima diez días de permiso retribuido, útiles cuando las audiencias o la mudanza obligan a ausentarse del trabajo. Esta protección no depende de la nacionalidad: la ley filipina se aplica a los hechos cometidos en Filipinas, y una española o una latinoamericana que vive allí acude al barangay, a la policía y a los tribunales como cualquier mujer filipina. Filipinas no pertenece a la Unión Europea: el Reglamento (UE) n.º 606/2013, que hace circular las medidas de protección entre los Estados miembros, no se aplica allí, y una orden de protección española no surte efecto automáticamente en Filipinas, ni una orden filipina en España. En España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género confía la orden de protección a los juzgados de violencia sobre la mujer, que la resuelven en 72 horas — alejamiento, prohibición de comunicación, salida del domicilio, custodia provisional, pensión —; protege a todas las mujeres víctimas, con independencia de su origen, y la violencia en las demás parejas se persigue como violencia doméstica (artículo 173.2 del Código Penal).

Los puntos clave

En la práctica

• Reúna pruebas desde ahora: notas fechadas, fotografías, informes médicos, mensajes y nombres de testigos. Le servirán ante el barangay y ante el tribunal y, si un día se instala en otro país, ante sus autoridades.
• Prepare la salida antes de anunciarla: la separación es, según las estadísticas, el periodo más peligroso. Deje fuera de casa, con una persona de confianza, los documentos de identidad — también los pasaportes, los suyos y los de los hijos —, algo de dinero y un duplicado de las llaves.
• Acuda al barangay para obtener una orden de protección inmediata: se expide el mismo día, es gratuita y no exige abogado. Pida después al tribunal una orden de protección temporal, que puede cubrir la custodia de los hijos y los alimentos; la Public Attorney's Office le representa si cumple sus condiciones.
• Avise al colegio de los hijos y a su empleador cuando haga falta organizar su seguridad, y recuerde que la ley VAWC le da derecho a diez días de permiso retribuido, útiles cuando las audiencias o la mudanza le obligan a ausentarse del trabajo.
• Una española o una latinoamericana víctima en Filipinas tiene acceso a las mismas órdenes y a los mismos servicios: el barangay, la Women and Children Protection Desk de la comisaría y las unidades del DSWD. Si no domina el inglés ni el filipino, dígalo desde el primer contacto. Su consulado — para las españolas, la oficina consular de España en Manila — presta asistencia consular y puede facilitarle una lista de abogados. Si su derecho de estancia en Filipinas está ligado a su matrimonio, pida consejo también sobre ese punto al abogado antes de separarse.
• Una orden de protección filipina no surte efecto automáticamente en España, ni una orden española en Filipinas: entre los dos países no rige ningún reglamento europeo. Si piensa instalarse en España, lleve copia de las órdenes, de las denuncias y de los informes médicos, con la apostilla y traducidos al español, y llame al 016 al llegar para saber qué protección puede obtener allí. En un país latinoamericano, infórmese en su consulado sobre la protección que prevé su ley.
• No se marche a España ni a otro país con los hijos sin el acuerdo escrito del otro progenitor o una decisión del juez, ni siquiera para huir de la violencia: pida antes al tribunal filipino que la orden de protección regule la custodia, y consulte a un abogado sobre el traslado. La restitución del menor dependerá de los convenios en vigor entre los países; la web de la Conferencia de La Haya indica si el Convenio de 1980 sobre sustracción internacional de menores rige entre Filipinas y su país.
• Para las mujeres de la comunidad filipina de España: la Ley Orgánica 1/2004 las protege con independencia de su nacionalidad. El 016 atiende las 24 horas, gratuitamente y en más de 50 idiomas, y la llamada no aparece en la factura; la denuncia se presenta en la comisaría, en la Guardia Civil, en el juzgado de guardia o en la fiscalía, con abogado de oficio gratuito desde ese momento, y la orden de protección se resuelve en 72 horas. Una mujer extranjera en situación irregular no es expulsada por denunciar: la ley suspende el expediente y prevé un permiso de residencia (artículo 31 bis de la Ley de Extranjería). La embajada o el consulado de Filipinas en España puede prestarle asistencia consular.

Coste y cobertura

Las órdenes de protección del barangay y de los tribunales son gratuitas — en el barangay, sin abogado ni tasa —, y la Public Attorney's Office representa a las víctimas que cumplen sus condiciones. En España todo es gratuito: el 016, el abogado y el procurador de oficio desde la denuncia, la atención psicológica y la acogida.

A quién dirigirse

• Barangay (unidad administrativa local): orden de protección inmediata, gratuita y sin abogado.
• Women and Children Protection Desks (oficinas de protección de mujeres y niños), en cada comisaría de policía; urgencias: 911.
• DSWD (Department of Social Welfare and Development): unidades de intervención en crisis y centros de acogida Haven.
• Oficinas de género y desarrollo (gender and development offices) de los gobiernos locales; línea nacional 1343 contra la trata de personas.
• Public Attorney's Office (PAO, defensoría pública), para la representación ante el tribunal.
• En España: 016 (llamada o WhatsApp 600 000 016), las 24 horas, gratuito; 112 en caso de urgencia; juzgados de violencia sobre la mujer; Fundación ANAR (900 20 20 10), para los menores.
• Embajada o consulado de Filipinas en España, para las filipinas víctimas en España.

Fuentes

• gov.ph — portal oficial del Gobierno de Filipinas — portal oficial, en inglés
• Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (España) — Boletín Oficial del Estado
• Ministerio de Igualdad — 016 y recursos contra la violencia de género — portal oficial
• Conferencia de La Haya — Convenio de 1980 sobre sustracción internacional de menores — HCCH

El artículo general: Violencia en la pareja