Datos personales y estafas — Panamá

Protección de datos. La Ley 81 de 2019 de Protección de Datos Personales (en vigor desde marzo de 2021, reglamentada por el Decreto 285 de 2021) da los derechos ARCO y de portabilidad con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) como autoridad y multas de hasta 10 000 balboas; el Código Penal castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento desde 2023 y el acoso sexual digital desde 2018.

Ilustración: Datos personales y estafas
Mapa de situación — Panamá
Panamá. Mapa de situación de contornos simplificados — datos Natural Earth, dominio público.

Protección de datos

El artículo 29 de la Constitución garantiza la inviolabilidad de la correspondencia y los documentos privados y el artículo 44 el hábeas data; la Ley 81 de 26 de marzo de 2019, en vigor desde el 29 de marzo de 2021 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo 285 de mayo de 2021, rige el tratamiento de datos personales en bases públicas y privadas: principios de lealtad, finalidad, proporcionalidad, veracidad, seguridad, transparencia, confidencialidad, licitud y portabilidad; consentimiento previo, informado, inequívoco y demostrable, con bases alternativas; datos sensibles (orientación sexual, salud, biometría, creencias) con consentimiento expreso; derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad (ARCOP) con respuesta en 10 días hábiles; notificación de brechas a la autoridad y a los afectados; protocolos de seguridad; y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) como autoridad, con multas de 1 000 a 10 000 balboas y cierre temporal, más la posibilidad de acciones civiles; la ANTAI ha emitido resoluciones y guías y tramita denuncias. El Código Penal castiga la difusión de imágenes íntimas o de contenido sexual sin consentimiento desde la ley de 2023 (con agravantes si la víctima es menor o pareja), el acoso sexual incluido el digital (Ley 7 de 2018), la violación de datos y el acceso ilícito (artículos 289 a 292), y la Ley 82 de 2013 reconoce la violencia contra las mujeres por medios digitales con medidas de protección.

Los puntos clave

NormaLey 81 de 2019 (en vigor desde marzo de 2021) y Decreto Ejecutivo 285 de 2021; hábeas data constitucional (artículo 44)
AutoridadANTAI; notificación de brechas obligatoria
DerechosAcceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad (ARCOP); respuesta en 10 días hábiles; consentimiento demostrable; datos sensibles con consentimiento expreso
SancionesDe 1 000 a 10 000 balboas y cierre temporal; acciones civiles
Imágenes íntimasDifusión sin consentimiento castigada desde 2023 (agravada si menor o pareja); acoso sexual digital (2018); violencia digital contra las mujeres (Ley 82)
CifrasCientos de denuncias ante la ANTAI desde 2021; primeras sanciones en 2023-2024; cientos de denuncias por difusión de imágenes al año (Ministerio Público)

En la práctica

  • Ejercer los derechos ante la empresa (correo o formulario), con respuesta en 10 días hábiles; sin respuesta o con negativa, denuncia gratuita ante la ANTAI (en línea), que investiga y sanciona; el hábeas data ante el juez sigue disponible.
  • Ante una imagen íntima difundida: capturar las pruebas, denunciar ante el Ministerio Público (Unidad de Delitos Informáticos) o la DIJ, pedir medidas de protección al juzgado (Ley 82 si es la pareja) y notificar a la plataforma; el INAMU (182) acompaña.
  • Pedir a la aplicación de citas el acceso a los datos y su cancelación cuando se cierre la cuenta, y exigir que avise de las brechas.
  • Los menores están protegidos por la Ley 81 (consentimiento de los padres) y el Código de la Familia; denunciar a la SENNIAF y a la plataforma.

Coste y cobertura

Derechos y denuncias ante la ANTAI gratuitos; denuncia penal gratuita; abogados privados para daños.

Cambios recientes

La ANTAI emitió sus primeras sanciones en 2023-2024 y publicó guías sobre brechas y consentimiento; una ley de 2023 sanciona la difusión de imágenes íntimas; se debate elevar las multas de la Ley 81, consideradas bajas; el Gobierno anunció la intención de adherir al Convenio 108+.

A quién dirigirse

  • ANTAI — Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información: denuncias de protección de datos.
  • Ministerio Público — Unidad de Delitos Informáticos; DIJ.
  • INAMU (182): violencia digital contra las mujeres.
  • IPANDETEC (ipandetec.org): derechos digitales.

Conviene saber

Panamá tiene desde 2021 una ley completa y una autoridad que empieza a sancionar, aunque las multas (10 000 balboas como máximo) son poco disuasorias para las grandes plataformas: los derechos ARCOP son gratuitos y exigibles. Desde 2023, difundir imágenes íntimas constituye delito; conviene denunciarlo.

Fuentes

El artículo general: Protección de datos

Estafas románticas

La estafa se castiga con 1 a 4 años, 5 a 10 si supera 100 000 balboas o afecta a muchas víctimas (Código Penal, artículo 220), y los delitos informáticos con tipos propios (artículos 289 a 292), la denuncia se presenta ante el Ministerio Público (Unidad de Delitos Informáticos) o la DIJ; la Superintendencia de Bancos y la ACODECO exigen a las entidades el reembolso de las operaciones no autorizadas que se deben a fallos de seguridad, con exclusión de las transferencias voluntarias (Yappy); crecen las estafas por WhatsApp, por redes sociales y por contactos románticos.

El artículo 220 del Código Penal de 2007 castiga la estafa — obtener un provecho ilícito mediante engaño que induzca a error y provoque un acto de disposición patrimonial — con 1 a 4 años, 5 a 10 si el perjuicio supera 100 000 balboas, afecta a una pluralidad de personas o se comete con abuso de confianza o por medios informáticos, y los artículos 289 a 292 los delitos contra la seguridad informática (acceso ilícito, uso indebido de datos, daño, con 2 a 4 años, agravados si afectan a datos financieros); la Ley 79 de 2013 (trata) y la Ley 51 de 2008 (documentos electrónicos) completan, y Panamá adhirió al Convenio de Budapest en 2014. La denuncia se presenta ante el Ministerio Público (Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, Unidad de Delitos Informáticos) o la Dirección de Investigación Judicial (DIJ, Sección de Delitos Informáticos), y la Unidad de Análisis Financiero puede rastrear. La Superintendencia de Bancos (Acuerdo sobre gestión del riesgo tecnológico y Acuerdo de protección al usuario) obliga a las entidades a mantener sistemas de seguridad y a asumir las operaciones no autorizadas que se produzcan por un fallo de sus controles, con reclamo ante el banco y luego ante la Superintendencia (Atención al Cliente Bancario), y la Ley 45 de 2007 de protección al consumidor aplicada por la ACODECO; las transferencias ordenadas por la víctima, en particular por Yappy (pagos por teléfono, masivos desde 2019), no se reembolsan. Las estafas por WhatsApp (suplantación de familiares y de bancos), las falsas ventas y alquileres con pago por Yappy, los préstamos con adelanto y las estafas románticas con «inversión» encabezan las denuncias, que el Ministerio Público cifra en miles al año; el centro financiero y la dolarización facilitan las transferencias internacionales a los estafadores y Panamá es también sede de sociedades usadas por redes de fraude.

Los puntos clave

DelitoEstafa: 1 a 4 años; 5 a 10 si supera 100 000 balboas, muchas víctimas o medios informáticos (artículo 220); delitos informáticos 2 a 4 años (artículos 289 a 292)
DenunciaMinisterio Público (Unidad de Delitos Informáticos), DIJ (Sección de Delitos Informáticos)
Reembolso bancarioOperaciones no autorizadas cuando fallaron los controles (Superintendencia de Bancos); transferencias voluntarias y Yappy no
ReclamosBanco, luego Superintendencia de Bancos (Atención al Cliente Bancario) o ACODECO
PrescripciónIgual a la pena máxima, mínimo 3 años
CifrasMiles de denuncias anuales (Ministerio Público); estafas por WhatsApp, ventas falsas con Yappy y préstamos falsos a la cabeza; estafas románticas con inversión en aumento

En la práctica

  • Denunciar ante el Ministerio Público o la DIJ con las pruebas (capturas, números de Yappy o cuentas de destino, comprobantes, perfiles) y pedir el bloqueo de la cuenta receptora; las entidades bancarias atienden los oficios en cuestión de horas.
  • Dar aviso al banco y reclamarle por escrito; si en 30 días no contesta, acudir a la Superintendencia de Bancos (Atención al Cliente Bancario, reclamo gratuito) o a la ACODECO.
  • Los pagos por Yappy son transferencias voluntarias irreversibles: no pagar por adelantado ventas, alquileres ni «reservas»; verificar la identidad del vendedor.
  • Comprobar en la Superintendencia del Mercado de Valores que cualquier «inversión» propuesta por un contacto está registrada; las de las estafas románticas nunca lo están, aunque usen sociedades panameñas de apariencia legal.
  • El Ministerio Público tiene una Unidad de Protección a Víctimas; la Defensoría del Pueblo orienta.

Coste y cobertura

La denuncia, la Superintendencia y la ACODECO no cuestan nada; la vía civil requiere abogado (Defensa Pública según los ingresos).

Cambios recientes

La Superintendencia de Bancos reforzó en 2023-2024 la autenticación y los límites de las transferencias; el Ministerio Público amplió la Unidad de Delitos Informáticos; Yappy introdujo alertas contra el fraude; Panamá sigue en listas de vigilancia sobre el blanqueo, con reformas en curso.

A quién dirigirse

  • Ministerio Público — Unidad de Delitos Informáticos: denuncias.
  • DIJ — Sección de Delitos Informáticos.
  • Superintendencia de Bancos — Atención al Cliente Bancario.
  • ACODECO: 800-8000.

Conviene saber

Yappy hizo de Panamá un país de pagos instantáneos por teléfono, y por tanto de estafas instantáneas: la venta o el alquiler pagado por adelantado no vuelve. Y las «inversiones» de los contactos románticos usan a menudo sociedades panameñas de apariencia legal: la Superintendencia del Mercado de Valores es la única verificación que vale.

Fuentes

El artículo general: Estafas románticas

Página verificada en septiembre de 2026. Las normas y los datos citados pueden cambiar: en caso de duda, confírmelos en la fuente oficial indicada.

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