Emigración y diáspora
Italia es hoy el segundo destino europeo, después de España, de la emigración hispanoamericana, y el destino natural de los descendientes de italianos: entre 1876 y 1976 casi treinta millones de italianos dejaron su país, y Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil recibieron a millones de ellos; desde los años noventa, y con fuerza tras la crisis argentina de 2001 y el hundimiento de Venezuela, sus nietos hacen el viaje inverso con la ciudadanía italiana iure sanguinis — casi un millón de argentinos y cientos de miles de venezolanos y uruguayos tienen pasaporte italiano, y decenas de miles se instalan cada año en Italia.
A ellos se suman las comunidades llegadas por trabajo desde los años ochenta: unos 100 000 peruanos y 70 000 ecuatorianos, concentrados en Milán y Génova, además de dominicanos, cubanos, colombianos y bolivianos, y unos 20 000 españoles. Los vínculos son antiguos: Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán fueron dominios de la corona española de 1503 a 1707, y los Borbones de Nápoles (1734-1861) descendían de Felipe V.
Italia, 59 millones de habitantes, República desde 1946 y Estado miembro fundador de la Unión Europea, tiene un Código civil de 1942 profundamente reformado por el derecho de familia de 1975 — igualdad de los cónyuges, comunidad de bienes como régimen legal, divorcio desde 1970 y por referéndum de 1974 — y una Constitución de 1948 que protege la familia como «sociedad natural fundada en el matrimonio».
Uniones civiles para las parejas del mismo sexo y convivencias de hecho desde 2016 (sin matrimonio igualitario, a diferencia de España y de Argentina), custodia compartida desde 2006, adopción reservada a las parejas casadas, reproducción asistida regulada por la ley 40 de 2004 y corregida por la Corte constitucional, aborto legal desde 1978 con una objeción de conciencia que limita el acceso real, «Código rojo» contra la violencia doméstica desde 2019, Servicio sanitario nacional universal, Garante de protección de datos de los más activos de Europa.
Para una pareja hispano-italiana cuentan además los reglamentos europeos (divorcio, régimen económico, sucesiones) y, para las parejas con Argentina, México u otro país americano, la transcripción de los actos en el consulado y el reconocimiento de las sentencias.
Matrimonio civil ante el alcalde o su delegado, tras ocho días de publicaciones, desde los 18 años (16 con autorización del tribunal de menores), con dos testigos; el matrimonio religioso concordatario o de las confesiones con acuerdo se inscribe con los mismos efectos; comunidad de bienes como régimen legal, hoy elegida por una minoría; nulla osta para los extranjeros; el matrimonio igualitario no existe (unión civil).
Dos etapas — separación y luego divorcio tras seis meses (de mutuo acuerdo) o doce (contencioso) desde 2015 —, hoy acumulables en un solo procedimiento con la reforma Cartabia (2023); separación y divorcio de mutuo acuerdo también ante el alcalde (sin hijos menores ni transferencias patrimoniales) o con negociación asistida por abogados; pensión de divorcio con función también compensatoria (Casación 2018); contencioso en uno a tres años; unos 80 000 divorcios al año.
Custodia compartida como regla desde 2006 (ley 54/2006, artículo 337 ter del Código civil): responsabilidad parental de ambos, residencia principal con un progenitor en la gran mayoría de los casos, pensión proporcional a los ingresos con las tablas de los tribunales, vivienda familiar atribuida al progenitor con el que viven los hijos; reforma Cartabia con plan de parentalidad, audiencia del menor desde los doce años y mediación; el impago se castiga por el artículo 570 del Código penal.
Adopción plena reservada a las parejas casadas desde hace al menos tres años (o convivientes tres años antes del matrimonio), con 18-45 años de diferencia con el menor, declaración de idoneidad del tribunal de menores y largas esperas; adopción en casos particulares para las personas solas y el hijo de la pareja, también del mismo sexo; adopción internacional a través de la Comisión de adopciones internacionales y los organismos autorizados, abierta a las personas solas desde 2025 (Corte constitucional); unas 1 000 adopciones nacionales y 500 internacionales al año.
La ley 40 de 2004, ampliamente reescrita por la Corte constitucional, reserva la reproducción asistida a las parejas mayores de edad de distinto sexo, casadas o convivientes, en edad potencialmente fértil; donación de gametos admitida desde 2014, anónima y gratuita, pero rara por falta de donantes; diagnóstico preimplantacional para las parejas portadoras; gestación subrogada prohibida y desde 2024 delito universal; reproducción asistida en la cartera básica de servicios desde 2025 con copago regional y límites de edad; unos 110 000 ciclos y 16 000 nacidos al año.
Legítima de los hijos y del cónyuge (mitad o dos tercios del patrimonio según el número de hijos, con el cónyuge en un cuarto o un tercio y el derecho de habitación sobre la vivienda familiar), sucesión intestada al cónyuge y a los hijos sin testamento, testamento ológrafo o público, impuesto de sucesiones del 4 % por encima de un millón de euros de mínimo exento para cónyuge e hijos y del 8 % para los extraños, declaración en doce meses; la pareja de la unión civil es un cónyuge, el conviviente de hecho no hereda.
Anticoncepción. Píldora, anillo y parche con receta médica a cargo de la mujer (de 5 a 25 euros al mes), gratuitos en algunas regiones para las jóvenes; DIU e implante en el consultorio o en el ginecólogo; anticoncepción de urgencia sin receta en farmacia para todas, menores incluidas, desde 2020; consultorios familiares gratuitos también para las menores sin los padres; esterilización legal; la gratuidad nacional decidida por la AIFA en 2023 no se ha aplicado.
Ley 194 de 1978: interrupción voluntaria en los noventa primeros días por motivos de salud, económicos, sociales o familiares declarados por la mujer, con certificado y siete días de reflexión salvo urgencia, después solo por grave peligro o anomalías fetales; gratuita en el Servicio sanitario nacional, en hospital, consultorio o ambulatorio, con la píldora abortiva hasta las nueve semanas desde 2020; pero seis ginecólogos de cada diez son objetores y el acceso real depende de la región; unas 65 000 interrupciones al año.
Consentimiento y edad de consentimiento sexual. Edad de consentimiento de 14 años (16 si el adulto tiene autoridad o convive con el menor), con la excepción para los menores de edades próximas desde los 13 años; violencia sexual definida por el artículo 609 bis con violencia, amenaza, abuso de autoridad o de condiciones de inferioridad, castigada de 6 a 12 años desde el Código rojo (2019), con la Casación que considera suficiente el disenso; un proyecto de ley sobre el consentimiento «libre y actual» aprobado por la Cámara en 2025; pornovenganza delito desde 2019; querella en doce meses.
Protección de datos. El RGPD y el Código de privacidad (decreto legislativo 196/2003, reescrito por el decreto 101/2018) se aplican con el Garante para la protección de datos personales como autoridad, de las más activas de Europa; edad de consentimiento digital de 14 años; la pornovenganza es delito desde 2019 (artículo 612 ter: de 1 a 6 años) y desde 2021 quien teme la difusión de imágenes íntimas propias puede señalarlas preventivamente al Garante (artículo 144 bis), que obtiene su bloqueo en las plataformas.
