Argentina, 46 millones de habitantes, es una república federal cuyo derecho civil es nacional: el Código Civil y Comercial de 2015 rige en todo el país el matrimonio, las uniones convivenciales, el divorcio unilateral sin causa, la herencia y la filiación, incluida la de los hijos nacidos por reproducción asistida.
Ningún país latinoamericano abrió antes el matrimonio a las parejas del mismo sexo (2010); desde 2012 basta una declaración para cambiar la identidad de género, desde 2013 la ley cubre la reproducción asistida y desde 2021 es legal el aborto hasta la semana 14: su derecho de familia es de los más avanzados del continente, con una aplicación que depende mucho de la provincia.
Matrimonio civil ante el Registro Civil desde los 18 años (16 con autorización de los padres), con dos testigos, gratuito en horario de oficina, abierto a las parejas del mismo sexo desde 2010; el matrimonio religioso no tiene efectos civiles y los apellidos pueden añadirse libremente.
Adopción plena, simple o de integración, constituida por el juez tras la declaración de adoptabilidad: adoptantes de más de 25 años (o pareja), 16 años más que el niño, residentes en Argentina desde hace cinco años, inscritos en el registro único de aspirantes; abierta a las parejas del mismo sexo desde 2010 y cerrada a la adopción internacional.
Aborto. Interrupción voluntaria del embarazo legal hasta la semana 14 inclusive desde enero de 2021, y sin plazo por violación o riesgo para la vida o la salud; gratuita en el sistema público, las obras sociales y las prepagas.
Consentimiento y edad de consentimiento sexual. Edad de consentimiento de 13 años, con el delito de «estupro» para las relaciones con menores de 16 obtenidas aprovechando su inmadurez; la violación se define por la ausencia de consentimiento libre (artículo 119), la prescripción de los abusos a menores se suspende hasta que la víctima denuncia siendo adulta, y la educación sexual integral es obligatoria desde 2006.
Protección de datos. La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000), reconocida como adecuada por la Unión Europea, da los derechos de acceso, rectificación, supresión y el hábeas data constitucional (artículo 43), con la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como autoridad y multas modestas; la difusión de imágenes íntimas es violencia digital desde la Ley 27.736 (2023), sin tipo penal específico salvo para menores; un proyecto de nueva ley sigue en el Congreso.
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