El marco legal
La autoridad parental (autorité parentale, artículos 371 y siguientes del Código Civil francés) — el equivalente de la patria potestad — pertenece a los dos progenitores y sigue siendo conjunta tras la separación, estén casados o no: las decisiones importantes (colegio, salud, religión, cambio de residencia) se toman entre los dos. A falta de acuerdo, el juez de familia (juge aux affaires familiales, JAF) fija la residencia del hijo — habitual con uno de los progenitores, con un derecho de visita y alojamiento para el otro (fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones, por regla general), o alternada (résidence alternée, la custodia compartida), elegida en cerca del 12 % de las separaciones — y la contribución al mantenimiento y a la educación del hijo, calculada a partir del baremo indicativo del Ministerio de Justicia (un porcentaje de los ingresos del deudor según el número de hijos y la amplitud del derecho de visita) y revalorizada cada año. Desde 2023, la pensión se cobra y se abona a través de la CAF (caisse d'allocations familiales) por intermediación financiera sistemática (ARIPA), salvo renuncia conjunta, lo que reduce los impagos; el impago durante dos meses constituye el delito de abandono de familia (dos años de prisión). El acuerdo de los progenitores puede ser homologado por el juez o, sin juez, fijarse por convenio de abogados o por un título ejecutivo de la CAF. La mediación familiar, subvencionada por la CAF, se propone y a veces se impone antes del pleito. El hijo con suficiente discernimiento puede ser oído por el juez. Llevarse al hijo al extranjero sin el acuerdo del otro progenitor es un delito y una sustracción internacional de menores (Convenio de La Haya de 1980, Reglamento Bruselas II ter); la salida del territorio puede prohibirse mediante la inscripción en el fichero de personas buscadas. Entre Francia y España, las resoluciones sobre la custodia y las pensiones se ejecutan sin exequátur (Reglamento (UE) 2019/1111, llamado Bruselas II ter, y Reglamento (CE) n.º 4/2009 sobre las obligaciones de alimentos), y decide el juez del país donde el menor tiene su residencia habitual.
Los puntos clave
| Autoridad parental | Conjunta, casados o no, y también tras la separación; decisiones importantes entre los dos — como la patria potestad española |
|---|---|
| Residencia | Habitual con uno de los progenitores, con derecho de visita y alojamiento para el otro; alternada en cerca del 12 % de los casos |
| Pensión | Baremo indicativo del Ministerio de Justicia; revalorizada cada año; intermediación de la CAF sistemática desde 2023 (ARIPA) |
| Impago | Abandono de familia: dos años de prisión y 15 000 euros de multa; cobro por la CAF; anticipo de la prestación de apoyo familiar (allocation de soutien familial, ASF) |
| Acuerdo | Homologado por el JAF, por convenio de abogados o por título ejecutivo de la CAF; mediación familiar subvencionada |
| Audiencia del hijo | A petición del hijo con suficiente discernimiento; puede tener su propio abogado |
| Extranjero | Convenio de La Haya de 1980 y Bruselas II ter; oposición a la salida del territorio; sustracción parental castigada |
| Españoles y latinoamericanos | Con España, resoluciones ejecutables sin exequátur y pensión reclamable por el Reglamento 4/2009; con América Latina, Convenio de La Haya de 1980 en la mayoría de los países y reconocimiento de las resoluciones según la ley de cada uno |
En la práctica
- Intente el acuerdo — calendario, vacaciones, gastos, pensión — con un mediador familiar (sesiones de unos pocos euros a unas decenas, según los ingresos) y hágalo homologar por el JAF o fijar por convenio de abogados: es más rápido y se respeta mejor que una decisión impuesta.
- A falta de acuerdo, presente una solicitud al JAF del tribunal del lugar de residencia del hijo, con o sin abogado; la decisión tarda unos meses y caben medidas urgentes. Si el menor vive en Francia, el juez francés es competente aunque los dos progenitores sean españoles o latinoamericanos.
- Calcule la pensión con el simulador oficial (justice.fr) a partir del baremo: da el orden de magnitud que aplican los jueces; la CAF la cobra después cada mes y anticipa la prestación de apoyo familiar en caso de impago.
- Un progenitor que se instala en España con el hijo necesita el acuerdo escrito del otro o una autorización del JAF: sin ellos, es una sustracción internacional y el juez español ordena la restitución; el cambio de residencia puede pedirse al JAF con un nuevo calendario y el reparto de los gastos de viaje.
- Una resolución francesa sobre la custodia o la pensión se ejecuta en España sin exequátur (Bruselas II ter; Reglamento 4/2009 sobre los alimentos), y a la inversa; las autoridades centrales designadas por cada país tramitan las solicitudes — para la custodia y la sustracción de menores, los ministerios de Justicia de París y de Madrid.
- Antes de un traslado o de una estancia larga en un país latinoamericano, compruebe que el Convenio de La Haya de 1980 está en vigor entre Francia y ese país y deje por escrito el acuerdo del otro progenitor (fechas, dirección, regreso). Una resolución francesa no se ejecuta allí automáticamente: su reconocimiento y el cobro de la pensión dependen de la ley de ese país y de los convenios aplicables.
- Los documentos del expediente (certificados de nacimiento, resoluciones anteriores) se presentan traducidos; los españoles pueden aportar los certificados del Registro Civil con el impreso multilingüe europeo, sin apostilla ni traducción, y los latinoamericanos, por lo general, apostillados y con traducción jurada.
Coste y cobertura
La solicitud al JAF sin abogado es gratuita; abogado de 1 000 a 3 000 euros en contencioso, con asistencia jurídica gratuita (aide juridictionnelle) según los ingresos; mediación familiar de 2 a 130 euros por sesión según el baremo de la CAF; intermediación de la CAF gratuita. Aparte quedan las traducciones juradas y las apostillas de los documentos latinoamericanos.
Cambios recientes
La intermediación financiera de las pensiones por la CAF se hizo sistemática para todos los divorcios (2022) y todas las separaciones (2023); el baremo de las pensiones se actualiza cada año; la residencia alternada progresa lentamente; la ley de 2024 sobre la protección de los menores reforzó la retirada de la autoridad parental en caso de violencia.
A quién dirigirse
- Juez de familia (JAF) del tribunal judicial (tribunal judiciaire) del lugar de residencia del hijo.
- CAF — ARIPA: intermediación y cobro de las pensiones (pension-alimentaire.caf.fr).
- Mediadores familiares concertados; points-justice para una consulta gratuita.
- Ministerio de Justicia francés, autoridad central del Convenio de La Haya de 1980; Ministerio de Justicia en España.
- Consulado de su país, para los latinoamericanos: información sobre el reconocimiento de las resoluciones francesas y sobre los documentos de viaje del menor.
Conviene saber
La pensión de alimentos ya no se paga en mano: la CAF la cobra y la abona, y un impago de dos meses es delito. Nunca se marche a España ni a América Latina con el hijo sin acuerdo escrito o decisión del juez, ni siquiera para «volver a casa»: Francia y España aplican el Convenio de La Haya y el Reglamento Bruselas II ter, y el juez ordena la restitución del menor en pocas semanas. Y no espere encontrar en Francia la custodia compartida tan extendida en España, donde se acuerda en cerca de la mitad de los divorcios con hijos: aquí la residencia alternada sigue siendo minoritaria, y la residencia habitual con uno de los progenitores no quita nada a la autoridad parental del otro.
Fuentes y enlaces oficiales
- Código Civil francés — artículos 371 y siguientes (autoridad parental) — Légifrance
- Ministerio de Justicia francés — baremo indicativo de las pensiones de alimentos y simulador — simulador oficial
- CAF — ARIPA, intermediación financiera de las pensiones de alimentos — servicio público
- Reglamento (UE) 2019/1111 — Bruselas II ter (responsabilidad parental y sustracción de menores) — EUR-Lex
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