El marco legal
El artículo 2 de la Constitución garantiza la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y la Sala de lo Constitucional reconoció desde 2011 el derecho a la autodeterminación informativa; la Ley de Acceso a la Información Pública (2011) protegía los datos en poder del Estado con el Instituto de Acceso a la Información Pública, y la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito (2011) los datos crediticios. La Ley de Protección de Datos Personales (Decreto 144, aprobada el 14 de noviembre de 2024 junto con la Ley de Ciberseguridad y en vigor desde 2025) es la primera ley general: principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, transparencia, seguridad y confidencialidad; consentimiento libre, informado y expreso, con bases alternativas; datos sensibles (orientación sexual, salud, biometría) con consentimiento expreso; derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, con respuesta en 10 días; delegado de protección de datos, evaluaciones de impacto, notificación de brechas en 72 horas, registro de responsables; la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), creada por la Ley de Ciberseguridad y dirigida por un nombramiento presidencial, es la autoridad, con multas escalonadas de hasta 300 salarios mínimos mensuales para las infracciones muy graves; las organizaciones de derechos digitales han criticado la falta de independencia de la ACE y las excepciones para las instituciones del Estado y la seguridad, y la facultad de la Agencia de ordenar la eliminación de información. La Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos (2016) castiga la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (artículo 24: 2 a 5 años, agravada con menores), el acoso a través de las tecnologías (artículo 25) y la suplantación; la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2011) reconoce la violencia digital con medidas de protección.
Los puntos clave
| Norma | Ley de Protección de Datos Personales (Decreto 144, noviembre de 2024, en vigor en 2025); Ley de Ciberseguridad; autodeterminación informativa constitucional |
|---|---|
| Autoridad | Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), dependiente del Ejecutivo; críticas sobre su independencia |
| Derechos | Acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad; respuesta en 10 días; consentimiento expreso; datos sensibles |
| Sanciones | Multas escalonadas hasta 300 salarios mínimos mensuales; brechas notificadas en 72 horas |
| Excepciones | Amplias para las instituciones del Estado y la seguridad; facultad de ordenar la eliminación de información |
| Imágenes íntimas | Difusión sin consentimiento: 2 a 5 años (Ley Especial contra los Delitos Informáticos, artículo 24); acoso digital delito; violencia digital contra las mujeres (medidas de protección) |
| Cifras | Primeras reclamaciones ante la ACE en 2025; cientos de denuncias por difusión de imágenes y acoso digital al año (Fiscalía) |
En la práctica
- Ejercer los derechos ante la empresa (correo del delegado o formulario), con respuesta en 10 días; sin respuesta o con negativa, reclamación ante la ACE, cuyos procedimientos se implantan desde 2025.
- Ante una imagen íntima difundida: capturar las pruebas, denunciar ante la Fiscalía (Unidad de Delitos Informáticos) o la PNC (artículo 24 de la Ley Especial), pedir medidas de protección al juzgado especializado (violencia digital) y notificar a la plataforma; Ciudad Mujer (123) acompaña.
- Si el difusor exige dinero (sextorsión), denunciar sin pagar.
- Pedir el acceso a los datos de una aplicación de citas y su cancelación al cerrar la cuenta; exigir la notificación de las brechas.
- Prudencia con los contenidos publicados: la ACE puede ordenar la eliminación de información y el régimen de excepción limita las garantías; las organizaciones (Cristosal, Fundación Acceso) documentan.
Coste y cobertura
Derechos y reclamaciones ante la ACE gratuitos; denuncia penal gratuita; abogados privados para daños.
Cambios recientes
La Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad se aprobaron en noviembre de 2024 con críticas de las organizaciones de derechos digitales y de prensa sobre la independencia de la ACE; la Ley Especial contra los Delitos Informáticos se reformó en 2021; el régimen de excepción continúa.
A quién dirigirse
- Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): reclamaciones de protección de datos.
- Fiscalía General — Unidad de Delitos Informáticos; PNC — División de Cibercrimen.
- Ciudad Mujer (123): violencia digital.
- Fundación Acceso, Cristosal: derechos digitales.
Conviene saber
El Salvador tiene desde 2025 una ley de datos moderna pero una autoridad nombrada por el Ejecutivo, con excepciones amplias para el Estado y poder para ordenar borrados: los derechos frente a las empresas existen, los derechos frente al Estado son inciertos. La difusión de imágenes íntimas es delito desde 2016: denunciar funciona.
Fuentes y enlaces oficiales
- Ley de Protección de Datos Personales — Decreto 144 (2024) — Asamblea Legislativa
- Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos (2016) — texto
- Fundación Acceso — análisis de la ley de datos y ciberseguridad — análisis
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